El presidente Evo Morales y los nueve prefectos -seis de ellos opositores- alcanzaron hoy en la madrugada luego de una ardua deliberación un acuerdo sobre un mecanismo para intentar zanjar la crisis política y pacificar Bolivia.
El acuerdo base, que estipula encomendar a una comisión mixta la concertación de aspectos urticantes como la nueva Constitución, las autonomías y el recorte de una renta regional, fue asumido en una reunión de más de ocho horas en el presidencial Palacio Quemado, documento que será afinado por oficialistas y opositores hasta el viernes, informó el gobierno.
«Más allá de cualquier interés particular, de grupo o regional ratificamos nuestra indeclinable voluntad de precautelar la unidad de Bolivia», señala el primer punto del documento sugerido por el presidente Morales y que fue leído para los prefectos en el encuentro.
Los principios generales del documento -que estaría terminado y rubricado en los próximos días- buscan «encarar acuerdos» sobre artículos contrapuestos de la nueva Carta Magna de corte estatista e indígena, impulsada por el oficialismo, y los estatutos de naturaleza liberal aprobados por cuatro regiones rebeldes, considerado el tema central de la aguda división.
El mandatario aymara, al concluir el encuentro, insistió en que se debe terminar «en un gran acuerdo nacional, para unir y juntar la nueva Constitución con las autonomías».
En su criterio, las futuras propuestas que surjan del pacto puedan ser derivadas a la Asamblea Constituyente, pese a que su directiva ha manifestado su resistencia a introducir ajustes a la Carta Magna.
El bloque oficialista del foro deliberativo se inclina por agilizar dos referendos para darle valor legal a la nueva norma, en un plazo de 60 a 180 días: uno para aprobar la extensión máxima de las tierras agrícolas privadas y otro para dar luz verde al texto global de la ley.
«Planteemos juntos una propuesta», subrayó el mandatario.
El prefecto opositor de La Paz, José Luis Paredes, anunció que «hasta el viernes el gobierno nos hará conocer el documento final de acuerdo», mientras el viceministro de Participación Popular, Fabián Yaksic, confió que hasta esa fecha «tendremos al acuerdo definitivo».
El pacto básico entre el gobierno y las regiones, que parecía lejano en horas previas por las públicas discrepancias, también permitirá discutir un acuerdo final sobre un mecanismo alternativo de financiamiento para pagar una pensión vitalicia para los ancianos, que inicialmente debe salir de los impuestos que gozan los departamentos de la venta de gas natural y petróleo.
Los prefectos dijeron que la forma de financiar esa bonificación para los adultos significa que el gobierno central no les transfiera unos 42 millones de dólares que las regiones utilizan para obras viales, sanitarias y programas sociales.
En la cita participaron el presidente Morales, el vicepresidente Alvaro García, varios ministros, los prefectos opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando), Mario Cossío (Tarija) y José Luis Paredes (La Paz) y los oficialistas Mario Virreira (Potosí) y Alberto Aguilar (Oruro).
El de Chuquisaca Ariel Iriarte no participó de la cita, porque no le permitieron ingresar a la casona presidencial con dos asesores cívicos.