La atención se centrará mañana en Jutiapa y San José Acatempa, ambos municipios de Jalapa, ya que se prevé movimientos debido a la orden de captura pendiente de ejecución contra el ex diputado y alcalde electo por el primer municipio Manuel de Jesús Castillo Medrano. El Ministerio Público (MP), reiteró que estará vigilante.

La alerta en el MP inicia hoy, con la transición del Gobierno central y el Parlamento, no obstante, ílvaro Matus, titular de la fiscalí­a de Delitos contra la vida, declaró que poseen un plan estratégico en el que la instancia investigadora estará cerca del lugar para poder hacer efectiva la orden de aprehensión contra Castillo, en caso que éste se presente a tomar posesión.

La última información que se tuvo del ex congresista prófugo fue una llamada telefónica que hizo al Congreso de la República el pasado lunes, en la que anunció que enviarí­a una excusa por su ausencia en la plenaria que se realizara este dí­a, y recibir así­, las respectivas dietas de que gozan los miembros del parlamento.

Adilio Juárez, abogado defensor de Castillo Medrano, ha declarado en más de una oportunidad que su cliente se encuentra en el paí­s y que de ser declarados con lugar los recursos presentados para revertir la orden de captura en su contra, se presentarí­a voluntariamente ante el juzgado Décimo de Primera Instancia. Las declaraciones de Juárez respecto a que su defendido «dará una sorpresa muy pronto», dejan lugar a la suposición de la presencia del ex diputado en la toma de posesión en Jutiapa.

Entre tanto, la sala regional mixta de Jalapa, que resolvió en definitiva retirar la inmunidad a Castillo, dijo tener información sobre una presunta «organización de al menos 6 mil pobladores» de San José Acatempa, municipio donde asumirí­a la alcaldí­a Carlos Enrique Castillo, hermano del ahora prófugo, para manifestar contra las resoluciones emitidas por los operadores que resolvieron dicho caso, según declaró la magistrada Zina Guerra Roldan, presidenta de la sala regional.

Las amenazas fueron vertidas contra los miembros de la sala regional y contra la jueza de primera instancia Ericka Lorena Aifán Dávila, la cual realizó las pesquisas en dicho caso.

Guerra no ha sido notificada sobre el traslado que solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hacia otras salas, sin embargo, í“scar Humberto Vásquez, presidente del Organismo Judicial, declaró recientemente que hay dificultad en hacer un reacomodo en las instancias de dicho organismo pero que autorizaron que los magistrados amenazados se ausentaran de sus labores a discreción personal.