Sandino Asturias Valenzuela

Centro de Estudios Estratégicos

para la Seguridad en Centroamérica (CEESC)

y Centro de Estudios de Guatemala (CEG)

Durante los últimos diez años los Acuerdos de Paz marcaron el rumbo para la transformación de las instituciones de seguridad y la construcción de una sociedad democrática, la implementación de muchos se tradujo en la reforma al sector seguridad y justicia.

El planteamiento básico era desmilitarizar todas las funciones de seguridad que asumí­a el Ejército, llevar al Ejército a su profesionalización en la defensa militar del territorio y comenzar a construir la institucionalidad civil que se hiciera cargo de esas funciones, para esto se deberí­a formar personal civil que fuera capaz de hacerse cargo de esta nueva institucionalidad y se necesitaban recursos y voluntad polí­tica para que estas instituciones jugaran el papel que les correspondí­a.

Es así­ como se crea la Secretaria de Análisis Estratégicos (SAE) y la Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), que sustituirí­an al órgano de inteligencia y al cuerpo de guardias del Estado Mayor Presidencial (EMP) que le brindaban información y seguridad al Presidente de la República, ambas instituciones debí­an de formarse y dirigirse con personal civil altamente capacitado.

Otra institución estratégica que se deberí­a crear era la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), para terminar con el monopolio de la inteligencia militar sobre los ámbitos de inteligencia que no son de su competencia como los de seguridad ciudadana.

Se crea la Policí­a Nacional Civil (PNC) para comenzar a construir la institución que se hiciera cargo de la seguridad ciudadana y pública, que tuviera un despliegue territorial, una carrera profesional y mandos jerárquicos.

La implementación de los Acuerdos de Paz coinciden con la aplicación de las polí­ticas neoliberales, que privatizan los servicios públicos esenciales, incluyendo la seguridad, se consolida un Estado débil sin financiamiento (sigue pendiente la reforma fiscal) y no se desarrollan polí­ticas sociales para las mayorí­as.

Sin voluntad polí­tica

Era de gran importancia que se crearan estas instituciones civiles de seguridad ya que ésta es la ruta adecuada, sin embargo la realidad es que no ha habido voluntad polí­tica para transformar las visiones de seguridad en el paí­s, no se apostó a los civiles, ni a la profesionalización, ni se han tenido los recursos adecuados para desarrollarlas, prevalecen los negocios de la violencia y es por eso que existen tan graves problemas de seguridad.

Las acciones que se aplican son las respuestas represivas y autoritarias, se ha vuelto a poner a los militares a cumplir funciones de seguridad ciudadana para la que no están preparados, los resultados demuestran que estas medidas han fracasado, hoy tenemos los mayores í­ndices de violencia y muertes de los últimos 25 años.

Desmontar el aparato

represivo, el gran reto

La mano dura la aplicó este gobierno, y el resultado ha sido un fracaso, el reto es desmontar el aparato represivo que se instaló y rescatar el prestigio de las instituciones y sus integrantes, los retos radican en cambiar las polí­ticas represivas actuales, que han sido bendecidas por el poder económico; acabar con los escuadrones de la muerte que operan con toda impunidad, se convierte en la mayor prioridad.

Hay que terminar con la practica de administrar el paí­s como una finca, como lo han hecho los últimos presidentes, que no han tenido visión de Estado; el gobierno de Berger destruyo el trabajo que se habí­a hecho en la construcción de la SAAS y la SAE, instituciones que habí­an alcanzado un buen nivel de profesionalización y en las cuales el Estado y la comunidad internacional invirtieron valiosos recursos; la PNC también sufrió graves retrocesos durante la gestión del ex ministro Vielmann al haber involucrado a esa institución que ya padecí­a de graves problemas de corrupción en la polí­tica de limpieza social, la cual tuvo como colofón el caso del asesinato de los diputados salvadoreños del Parlacen.

Otro hecho negativo que afectó gravemente la institucionalidad del Estado lo tenemos en el gobierno de Alfonso Portillo, el cual colocó como jefes del Estado Mayor Presidencial a dos militares retirados, personajes que aprovechaban su cercaní­a al Presidente para tener injerencia directa en el nombramiento de los más altos mandos del Ejercito; otra acción del gobierno portillista que colaboró en el deterioro de la PNC, fue la modificación de su ley para permitir que una persona que no fuera policí­a de carrera pudiera ser director general de dicha institución, hecho que posteriormente fue aprovechado por Vielmann para nombrar a Edwin Sperisen en dicho cargo rompiendo con la carrera policial, la estructura jerárquica y afectando negativamente la moral del personal policial.

El desafí­o del Ing. ílvaro Colom y su equipo de trabajo es retomar los Acuerdos de Paz en materia de seguridad y justicia, mismos que no se han cumplido en su mayorí­a, fortalecer a las instituciones civiles de seguridad con mandos civiles y profesionales y apostar a la profesionalización de estas instituciones.