Cada gobierno, desde hace 25 años, ha promovido el diálogo político como un recurso de gobernabilidad democrática. La opinión pública tiene una posición dual ante esas iniciativas. Simpatiza con la idea de «ponerse de acuerdo» para resolver problemas y atender necesidades, pero desconfía de la parafernalia y las poses mediáticas, porque se comen la atención de las políticas de terreno que impactan sobre su seguridad y condiciones de vida.
La mayoría de diálogos -Diálogo Nacional, con Mejía Víctores; Concertación, con Vinicio Cerezo; Pacto Social, con Jorge Serrano, y Mesas de Diálogo Intersectorial, con Alfonso Portillo- tuvieron un efecto positivo para la gobernabilidad democrática, llegando a debilitar, incluso, movimientos desestabilizadores.
A veces al diálogo se le pide lo máximo: comprometer a los actores clave en las tareas de la transformación. Aunque no se ha logrado, sí han tenido efecto positivo en la gobernabilidad democrática. Es más, fue un diálogo en el transcurso de cuatro gobiernos y durante casi doce años lo que llevó a desactivar el enfrentamiento armado interno.
El nuevo presidente, ílvaro Colom, se propone impulsar diálogos para la «unidad nacional». El Gabinete que presentó el pasado martes 8, incluyó a un «responsable de diálogo». Es aún temprano para analizar la iniciativa por falta de información. Por tanto, ahora sólo cabe colocar la iniciativa en su contexto y relacionarla con experiencias recientes.
Necesidad del diálogo
El diálogo es consustancial a la democracia. La política democrática consiste en hablar y acordar, en oposición a imponer y violentar, que es la forma autoritaria de ejercicio del poder.
Se entiende que el diálogo en la democracia no es sólo una opción sino una necesidad, porque el poder queda parcelado entre fuerzas y actores, y es imposible que un actor por sí mismo sea capaz de sostener una empresa sin ganar apoyos y debilitar a quienes se le oponen. La mejor medida de una democracia consiste en que nadie es tan grande y poderoso para hacerlo solo, pero, a la vez, ninguno es tan pequeño ni débil para no ser tomado en cuenta.
Para empezar, la UNE será la primera minoría del Congreso. Quiere decir que, más allá del transfuguismo partidario, el primer e indispensable foro de diálogo político se impone con los diputados. El Ejecutivo deberá armar coaliciones para respaldar su legislación, pero además deberá procurar aislar al único partido con solidez y disciplina, el PP, que será su oposición vertebrada.
El ambiente del diálogo
Pero el diálogo que Colom insinúa apunta a un mecanismo con cierta formalidad, que implica agendas, calendarios y actores seleccionados. El alcance de las materias se desconoce, igual que los mecanismos de cumplimiento, por lo que es preciso partir del ambiente político y la propia agenda del nuevo Gobierno.
En 2007, en pleno ambiente electoral un grupo de influyentes empresarios convocó a los partidos a concertar un plan de Visión de País, que incluyó campos del desarrollo y la seguridad pública. Los partidos se comprometieron a traducir los acuerdos en leyes y asignaciones presupuestarias, pero el cumplimiento fue bajo.
Detrás de esa iniciativa hay un viejo sueño empresarial: construir la hegemonía -el consenso- que trace, más allá de los cambios cuadrianuales de Gobierno, las rutas del modelo económico y la inserción en el proceso de globalización. Ven con envidia a Chile y se inspiraron, en este caso, en los pactos de La Moncloa.
Los grupos populares han participado en diálogos, pero, con un alcance táctico, tras reivindicaciones de corto plazo. Otras experiencias de diálogo han correspondido a grupos quizá con baja representatividad, pero alta capacidad técnica y de cabildeo. En estos casos -coaliciones de mujeres, grupos indígenas, ONG que trabajan temas de seguridad y justicia, organizaciones de víctimas de la violencia política- han logrado incidir en el montaje institucional, la definición de políticas y las asignaciones presupuestarias.
La agenda que se insinúa
La agenda social de Colom corresponde a lo que en un ensayo denominé políticas blandas: acciones -desnutrición infantil, subsidios y remesas a familias pobres, empleo de emergencia etc.- que no pelean con nadie, más que, la mayoría de veces, contra la propia inoperancia del aparato burocrático y el uso clientelar de los programas. Colom tiene inclinación a trabajar directamente con las bases sociales, sin mucha intermediación. Para esa agenda no necesita de diálogo político formal.
Lo necesita para las políticas duras, que tienen que ver con la distribución de la renta (un área que compete a la política fiscal) y las grandes orientaciones del modelo económico, incluyendo política educativa y laboral, y la funcionalidad del aparato estatal. Es el otro ángulo de la «visión de país».
Por lo demás emergerán diálogos por doquier para aplacar la conflictividad social que en varios campos -para empezar, San Juan Sacatepéquez- se está fermentando.