El inicio del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual será dirigida por el español Carlos Castresana Fernández, es sin duda alguna, una de las mayores expectativas para este año 2008.

Aunque no se afinaron, públicamente, algunos detalles, como la sede que utilizará dicha comisión, entre otros, el Ministerio Público (MP) manejó como fecha oficial del inicio de labores, hoy.

El 4 de septiembre de 2007 entró en vigencia la ley que permite la instauración de la antes citada comisión, luego que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidida por Zury Rí­os del FRG, emitió un dictamen desfavorable por considerarla inconstitucional. Un total de 110 diputados en pleno votaron a favor de la iniciativa de ley y ésta fue remitida al Organismo Ejecutivo, quien la sancionó. Posteriormente la ONU delegó a Castresana Fernández como director de la misma.

Frank LaRue de Copredeh informó que esta tarde tendrí­a una reunión con Castresana, pero reiteró que «desde que nombraron a Castresana como fiscal a cargo (noviembre último) fue el inicio oficial de labores de Cicig.»

El próximo viernes se realizará un acto protocolario que contará la presencia de presidente y vicepresidente electos, autoridades del nuevo gobierno y un Secretario General Adjunto de Naciones Unidas que «dejará instalada la Cicig», indicó LaRue, quien reiteró que ésta funciona incluso desde su publicación en el diario oficial.

La Cicig fue bien recibida por las organizaciones sociales y de derechos humanos en el paí­s, quienes han manifestado una serie de expectativas sobre la entrada en funcionamiento de la misma.

Carmen Aí­da Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, opinó que las funciones de la Comisión se enfocarán en ofrecer apoyo al Estado para el combate de las estructuras criminales, juzgar y sancionar a quienes cometen crí­menes de alto impacto, tratar de reducir por esa ví­a los altos í­ndices de impunidad e iniciar un proceso firme contra las estructuras que tienen penetradas a las entidades de justicia y seguridad.

¿Por dónde empezar?

Eduardo de León, analista de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó que «un problema fundamental en el paí­s es el hecho de que las instituciones del Estado han sido copadas por el Crimen Organizado», por lo que el experto señaló que Cicig podrí­a empezar su trabajo investigativo con el MP y la Policí­a Nacional Civil (PNC).

De León consideró importante que la Cicig no obvie los casos que tienen que ver con crí­menes de lesa humanidad. «En ese caso podrí­a retomar las conclusiones de la Corte de Constitucionalidad (CC), respecto al amparo que otorgó a militares implicados en esos hechos», resaltó.

«Pese a que la Cicig está asignada para una coyuntura en particular, no podrí­a omitir toda esa parte porque tiene que ver con los requerimientos y la aspiración de las Naciones Unidas, y esa podrí­a ser una página sobre la cual podrí­a escribir, porque la impunidad no es sólo un problema de hoy», enfatizó el entrevistado.

Ibarra comentó también que la Cicig inicia sus funciones en el paí­s en un ambiente «muy delicado», ya que existe una tendencia creciente de violencia, criminalidad e impunidad.

La entrevistada consideró que es importante que la comunidad internacional haga una contribución efectiva al paí­s a través de la Cicig, y que los órganos de justicia y seguridad internos colaboren con la misma a efecto de hacer un trabajo efectivo.

Oposición

José Luis González Dubón, representante legal de la Liga Pro Patria, quienes interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto que dio vida a la Cicig, reiteró su oposición a la Comisión.

«Nosotros creemos que el funcionamiento de la Cicig serí­a inconstitucional, pero falta ver en la práctica que ocurre», indicó González Dubón, y añadió: «no van a resolver nada, será un trabajo sin mayor trascendencia en Guatemala en cuanto al combate al crimen organizado. Será más de lo mismo», dijo.

La Liga Pro Patria espera aún que la CC resuelva el recurso planteado por ellos. «Si la CC declara sin lugar la acción planteada tendrí­an que dejar de funcionar», refirió.

Castresana y Guatemala

El juez español designado por las Naciones Unidas para dirigir Cicig, no ha tenido mucho acercamiento con la prensa nacional.

El jurista explicó en una entrevista para la emisora mexicana W Radio, que en el paí­s la impunidad alcanza el 98% y que en el caso de los feminicidios llega al 100%.

El comisionado añadió que desde la época del conflicto armado interno, existen grupos clandestinos incrustados en diferentes estructuras estatales, lo que favorece los altos niveles de inmunidad. Castresana reconoció que la labor de la Cicig en el paí­s es «muy difí­cil», y que intentará cumplirlo con un equipo de unas 150 personas, entre juristas, seguridad e investigadores.

Finalmente Castresana reiteró que la Cicig trabajará con los casos más paradigmáticos del paí­s y que uno de los propósitos es demostrar a la ciudadaní­a guatemalteca que sí­ se pueden resolver los delitos.