Ha transcurrido un año desde la estafa millonaria protagonizada por la Junta Directiva de accionistas del Banco de Comercio, el resultado: 40 fallecidos, mil 650 millones de quetzales en pérdidas y un proceso de investigación con pocos avances.
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Yolanda Broke, de 68 años, es una de las afectadas por la estafa; asegura que desde la pérdida de todos sus ahorros, su vida dejó de tener sentido, ya que además de luchar diariamente contra el cáncer y diabetes, debe buscar los medios para garantizar la subsistencia de su familia.
«Todavía no puedo creer lo que nos hicieron (…) han causado dolor y frustración en miles de familias guatemaltecas que trabajan honradamente y luchan para sobrevivir», indicó.
Broke es parte del grupo de seis mil 500 afectados que esperan recuperar las inversiones efectuadas en la «offshore » Organizadora de Comercio, que funcionó ilegalmente durante diez años hasta el 12 de enero de 2007, cuando suspendió sus operaciones y la Junta Directiva del Banco se fugó con el capital de los inversionistas.
Después del cierre de operaciones del grupo bancario y la desaparición de los responsables de las inversiones, Carlos Castillo, miembro del Movimiento de Afectados (MA), asegura que al menos 40 personas han muerto a causa de la frustración por ver a sus familias en la ruina y no recobrar su capital.
Asimismo, Castillo explica que hay casos, como el de Broke, en los que personas mayores se ven en la necesidad de solicitar ayuda a centros de beneficencia y realizar trabajos inapropiados para su hogar, y de esa forma poder alimentarse y cubrir sus necesidades básicas, como el acceso a la salud.
A pesar de ser evidentes las necesidades de los estafados, el MA asegura que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público en el caso Bancomer, designadas a Patricia Lainfiesta, de la Fiscalía Contra Delitos Administrativos, no han mostrado avances por falta de voluntad de las altas autoridades.
Según Raúl Maldonado, presidente de la Junta Directiva de MA, la situación de los afectados hasta ahora es negativa, ya que se han invertido aproximadamente 100 mil quetzales para recuperar sus inversiones, y las condiciones de vida de los inversionistas y de sus familias desmejoraron considerablemente. «Pero a la Junta Monetaria parece no importarle», indicó.
La estafa
Durante aproximadamente una década, miles de personas invirtieron su capital en las cuentas de plazo fijo que ofrecía el Banco de Comercio, como respaldo se otorgaba un certificado de custodia de inversión en valores para garantizar el depósito y el pago mensual de los intereses, que eran superiores a los establecidos por el Banco de Guatemala.
Sin embargo, las inversiones no eran dirigidas a las arcas de la entidad bancaria como se indicaba en los certificados, sino a la «offshore » Organizadora de Comercio, que no se encontraba inscrita en la banca nacional, ni autorizada por la Superintendencia de Bancos (SIB).
Las acciones ilegales fueron dirigidas por la Junta Directiva del Banco de Comercio, que después de solicitar la suspensión de actividades del grupo financiero a la Junta Monetaria, se escaparon con los ahorros de los inversionistas.
En los meses posteriores, las autoridades monetarias liquidaron los bienes del grupo bancario para devolver el dinero a los poseedores de cuentas de ahorro y depósitos monetarios a través del Banco Industrial, de la misma forma como se habían solventado los compromisos de otros bancos anteriormente.
En tanto, los desvíos hacia la «offshore » Organizadora de Comercio registrada en Panamá con el nombre de Claudia María Robles Morales, no fueron reintegrados a los estafados inversionistas, ya que la SIB jamás registró las operaciones en Guatemala. Los certificados de custodia no eran más que simples papeles sin efectos legales.
Colom, la esperanza
A un año de la suspensión del banco, la Policía Nacional Civil (PNC) sólo ha capturado a Roberto Manuel Segovia Olivotto, uno de los supuestos autores de la estafa; aún está pendiente la captura de Carlos Enrique Abularach Zablah, Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz, Jorge Ibarra Rivera Iglesias y Claudia María Robles Morales acusados de caso especial de estafa, estafa propia y lavado de dinero.
Roberto Vallecillos, miembro del MA, afirma que la esperanza para los inversionistas regresa con la toma de posesión de ílvaro Colom como Presidente de la República el próximo 14 de enero, ya que dentro de sus promesas de campaña, ofreció dar continuidad al proceso de captura de los responsables, en contraste con la actitud de los funcionarios de la administración Berger en el Organismo Ejecutivo.
Vallecillos asegura que, aunque se consiga recobrar parte de las inversiones, se iniciará un proceso en la Corte Interamericana de Justicia en contra del Estado de Guatemala, dada la falta de acción de las autoridades monetarias, pese a tener conocimiento de las actividades ilegales.
Vallecillos asegura que Willy Zapata, superintendente de Bancos y María Antonieta de Bonilla, presidenta del Banco de Guatemala tuvieron conocimiento de las actividades anómalas que se suscitaban en el Banco de Comercio en los meses previos al escape de los responsables, prueba de ello es que en un informe a la Junta Monetaria se indicó que la situación de encaje de la entidad bancaria durante diciembre de 2006 presentaba 14 días de retraso.
Por otra parte, afirma que la Superintendencia de Verificación Especial de la SIB rindió un informe a Zapata en noviembre del año 2006 para explicarle la situación de ilegalidad en la que se encontraba operando la «offshore», pero hizo caso omiso a la advertencia.
«De Bonilla sabía que algo no estaba bien, porque solo el Banco de Comercio ofrecía tasas de interés de hasta el 9% cuando en los otros bancos no era mayor de 5%, pero no le importó» comenta.
Luego de intentar en repetidas ocasiones comunicarse con Zapata para conocer su versión de los hechos, su secretaria, Astrid Perdomo, indicó que no se encontraba en disposición para dar declaraciones a la prensa.