En una democracia, el diputado es y debe ser un representante, un mandante de los ciudadanos que lo eligieron, no un dependiente de un partido político, sí un representante de los principios que postula el partido que lo propuso, pero nunca un ser subordinado que no piensa, que no actúa, que no representa la voluntad de sus electores, de su distrito, de su comunidad y departamento. Su primera lealtad es servir a la nación, ese es su norte y su sur, no el de pasar desapercibido y con ello sentirse satisfecho.
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Un Congreso no puede evaluarse como lo pretenden hacer algunos por el número de iniciativas de ley que aprobó o derogó, la evaluación del rol de un diputado debe ser de cómo y por qué vota a favor o en contra, qué y cuándo fiscaliza, en ese aspecto el no parcializarse porque lo correcto o incorrecto en el gasto público no puede solo referirse a aquellos que tienen o no un uniforme.
La inversión pública debe ser tan o más eficiente que la inversión privada; por ejemplo, no puede justificarse la compra o el mantenimiento de una turbina en el sector privado en Q1 millón y en el sector público en Q6 millones por un trabajo prácticamente igual.
El Estado es responsable del bienestar común que no se logra con palabras, ni con teorías económicas, que predican un gobierno débil o un gobierno reducido e inexistente para que los privados gobiernen, especialmente las cúpulas, cada día sean más gordos y más ricos. El Congreso de la República debe producir el Estado de Derecho en el que se superen y se eliminen las discriminaciones, las ventajas y los privilegios.
La igualdad no es producto de la casualidad, es resultado del constante estímulo y desarrollo de deberes y obligaciones que permitan las mismas oportunidades, la eliminación del hambre, el combate a las enfermedades y lacras sociales que hacen que los hombres se coman a los hombres.
El número de diputados no puede ser fijo porque implica restringir la representatividad de las minorías, sí debe reformarse la Constitución y la Ley Electoral para que el Organismo Legislativo sea lo más representativo, que los actuales 23 distritos electorales -igual que eligen alcaldes en 332 municipios- puedan elegir diputados con una representatividad aún mayor que los distritos municipales, para que áreas como las que integran el departamento de Guatemala tengan diputados que representen específicamente a las diferentes zonas o sectores geográficos, sociales y económicos de la población.
El presidencialismo que actualmente existe debe ser modificado para que en el corto futuro entremos a un parlamentarismo que obligue a una mayor dinámica política y social.
Qué derecho tiene CACIF, Otto Pérez, los suscriptores de los Acuerdos de Paz y cualquier persona o grupo de poder para decidir y pretender que el Congreso se reduzca, distinto es plantear el avance democrático hacia un parlamentarismo, donde a la figura del Presidente y Vicepresidente se le reduzcan las funciones y sea en una dinámica pública activa y transparente donde se discutan las normas económico y sociales que permitan no sólo la representatividad sino la superación de todos los guatemaltecos que tienen el pleno derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la garantía del respeto a su libertad, a su seguridad y a vivir en condiciones económicas y sociales que les permitan el disfrute de su vida con justicia y equidad.