Me dio mucha lástima leer en uno de los matutinos publicados la semana pasada, que el CACIF estaba molesto porque algunas personas que fueron «recomendadas» por ese ente, no fueron tomados en cuenta por el Presidente electo para integrar el gabinete presidencial; es decir, el cuerpo de ministros y viceministros de Estado.
Me dio lástima porque ello corrobora que los gobiernos guatemaltecos siguen siendo manipulados por los representantes de la oligarquía nacional, aunque naveguen en el mar de la política con banderas de libertad y de no estar comprometidos para pagar facturas políticas por apoyos económicos durante la campaña electoral; y es más, uno de los representantes del CACIF en declaraciones de prensa indicó que se sentían con derecho a tener a algunos de sus miembros en el gabinete.
No es secreto que la agrupación denominada CACIF aglutina al sector económico pudiente de Guatemala, ya sea por las diferentes actividades comerciales que realizan o bien porque algunos nuevos ricos utilizan empresas como pantallas para lavar dinero y hacer otras actividades al margen de la ley, pero con fachadas de legalidad al amparo de dicho ente.
El caso es que se demostró en esta pasada contienda electoral que los partidos participantes sostuvieron pláticas con el CACIF y adquirieron compromisos en caso de ganar las elecciones; por lo tanto se deduce que los partidos que disputaron la presidencia en la segunda vuelta electoral más de alguna obligación adquirieron a cambio de no se qué.
Entonces, en pocas palabras quiere decir que: los ricos por haber aportado dinero para la campaña electoral del partido triunfador – fuera cual hubiera sido – adquirió «derechos» para que algunos de sus miembros fueran nombrados por lo menos como ministros de Estado y de esa manera, influir o determinar la política económico-social de dicho ministerio, además de asegurar la continuidad de los negocios que el Estado pueda hacer con las empresas de los miembros del CACIF.
¿Podría llamársele a este tipo de negociaciones «la compra venta anticipada» del Estado a los financistas de las campañas electorales? o bien, ¿considerar que las personas con suficiente dinero tienen el derecho a comprar una porción de Estado para asegurar sus inversiones y transacciones económicas denominadas «negocios de empresarios» sin la fiscalización del mismo Estado?
No peco de iluso ni de ingenuo, pero da lástima enterarse de forma pública de las conductas pre y post electorales de quienes participan en ella, en calidad de candidatos o bien de «financistas». ¿Podrían pensar entonces los jóvenes guatemaltecos que la política en Guatemala es una Puta que se vende al mejor postor?
¡Que lástima de verdad, mostrarle a la juventud esa forma de hacer política en Guatemala! ¿Y los valores éticos y morales, son cosas del pasado? O ¿hay que ir en pos del poder a toda costa, de forma maquiavélica?