En un marco de desencanto y frustración que actualmente agobia a la población guatemalteca como consecuencia de la crisis económica y los altos niveles de inseguridad ciudadana, son muchos los nubarrones grises que comienzan a rodear la llegada del año nuevo 2008.
En primer lugar, hay que señalar que la despedida del presente mes de diciembre se ha caracterizado por un aumento casi generalizado de los diversos artículos de primera necesidad, entre los cuales destaca el precio del pan, resultante de los constantes aumentos impuestos por los empresarios que rodean al todavía presidente de la República, í“scar Berger, quienes tienen bajo su control el monopolio de la harina. La situación alcanza niveles impresionantes al grado que comer pan se ha vuelto un lujo en Guatemala. En muchos expendios, tiendas y panaderías, la unidad del pan popular cuesta más de 50 centavos.
Además, durante las fiestas de Navidad los precios de los tradicionales tamales también estuvieron por las nubes, observándose un incremento de tres quetzales en cada uno en comparación con el año anterior.
Muchos de los almacenes de ropa, especialmente para niños, aumentaron los precios en más de un 25 o 30 por ciento a raíz de una típica maniobra especulativa atribuida falsamente a la inflación importada, pues se trata de existencias adquiridas con anterioridad. En este caso fue notorio que la modificación de los precios sólo benefició a los propietarios, sin que hubiera una mejora en los salarios de los trabajadores.
Simultáneamente, todos los usuarios del servicio de la Empresa Eléctrica de Guatemala y de las otras compañías de capital español distribuidoras del fluido eléctrico, se quejan al unísono de lo abultadas que han estado llegando las facturas de cobro con aumentos muy groseros, en algunos casos de 50 quetzales.
Por otra parte, como amargo regalo de Año Nuevo, la Municipalidad de Guatemala que dirige el señor ílvaro Arzú, más conocido como el jardinero de la ciudad, anunció un aumento solapado del Impuesto Sobre Inmuebles, IUSI, señalando que procederá a una revaluación de todos los bienes inmuebles del municipio. Para ello, la justificación es que aplicará el nuevo Manual de Valuación Inmobiliaria aprobado por la ex ministra de Finanzas, María Antonieta del Cid de Bonilla y ahora presidenta del Banco de Guatemala.
Sin embargo, ese manual nunca fue publicado en el diario oficial, es decir que jamás nació a la vida jurídica, por lo que su aplicación constituye una grave violación a la Constitución y un atentado en contra del Estado de Derecho. Además, aumentar los impuestos es facultad exclusiva del Congreso y no de los alcaldes municipales.