Los pocos días que quedan de esta semana serán los que tendrá el Presidente de la República antes de decidir sobre el salario mínimo que por ley tiene que fijar a los trabajadores del país y que, tomando en cuenta que no ha habido aumentos durante los últimos años y que la inflación este año fue especialmente alta como consecuencia de los precios de derivados del petróleo y de la harina, debiera de incrementar aunque sólo sea en el último momento de su mandato.
Se dice que los aumentos por decreto desestimulan la generación de empleo y afectan a los trabajadores porque en algunas empresas se producen recortes. Al mismo tiempo, cuando uno escucha al empresariado del país es unánime la expresión de que prácticamente nadie paga el salario mínimo porque el mismo ha sido rebasado por la realidad y en casi todos lados se paga más. Obviamente si ello fuera cierto, sería una mínima cantidad de empresas las que se verían afectadas por la decisión del Gobierno de subir el salario mínimo y no tendría razón la crítica que hacen quienes se oponen al aumento.
El salario mínimo está basado en la legislación de Guatemala que establece hasta la forma en que debe ser fijado y, de no haber acuerdo entre trabajadores y empresarios en la comisión respectiva, se delega la responsabilidad de fijarlo al Presidente de la República. La idea es que los trabajadores puedan disponer de un ingreso mínimo que cubra, por lo menos y valga la redundancia, las más elementales necesidades de sus familias. Siendo el caso que en Guatemala tenemos un problema serio de desnutrición, lo que significa ni más ni menos que mucha gente no puede ni siquiera adquirir la ingesta mínima de alimentos para cubrir sus necesidades, es obvio que el tema del salario mínimo no puede ser visto superficialmente ni, mucho menos, con el desprecio que este gobierno ha mostrado.
Nunca en la historia del país habíamos tenido un gobierno tan proclive a defender el punto de vista de los empresarios en cuestiones como el salario mínimo y eso ya es mucho decir. Nunca habíamos tenido un gobierno que repitiera el argumento del empresariado sobre el salario por productividad porque todos entendían que había necesidad de protecciones elementales a los derechos de los trabajadores. Ahora por lo menos debe compensarse la pérdida que en este año ha tenido el poder adquisitivo del salario y no hay lugar para más excusas. No se puede, si existe el menor sentido de justicia social y de atender las necesidades elementales de los más pobres, obviar el aumento al salario mínimo.