El actual proceso electoral definitivamente está caracterizado por la participación de una cantidad significativa de mujeres postulándose para cargos públicos muy importantes. Hasta se puede afirmar que por primera vez tendremos una mujer como Vicepresidenta de la República (pues todos los binomios que ocupan los primeros lugares en las encuestas, tienen una mujer en la planilla como candidata a dicho cargo). Por supuesto todo eso, sin saber hasta ahora qué pasará con las aspiraciones presidenciales de la ex Primera Dama.

El Congreso, a su vez, podrí­a quedar integrado con más mujeres, lo cual, a la luz de las experiencias recientes, podrí­a ser muy bueno. Hay labor legislativa femenina muy importante realizada en los últimos dos perí­odos legislativos. Un ejemplo interesante es el de Samayac, Suchitepéquez, en donde el partido Lider está proponiendo una planilla integrada únicamente por mujeres para la Alcaldí­a de dicho lugar. Ofelia ívila, candidata a alcaldesa, afirmó que “todo el tiempo los candidatos han sido hombres, y cuando ganan, no cumplen…”.

No obstante estos avances en cuanto a participación polí­tica femenina,  me parece que la misma puede ser más circunstancial que institucional. Hasta ahora, no he apreciado de ningún partido polí­tico cuál es su postura en materia de género. No sé si los partidos que postulan a mujeres a importantes cargos de elección popular lo hacen porque tienen una polí­tica determinada en materia de participación femenina, o no. Y mi percepción es que ninguno de los partidos contendientes tan siquiera está consciente de la importancia de adoptar polí­ticas sobre cuotas de participación femenina o de equidad de género.

¿Tendrán claro los partidos que la igualdad material, o sea la igualdad de oportunidades, exige que en polí­tica se adopten medidas para compensar desigualdades? Los criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad han sido reconocidos por la propia Corte de Constitucionalidad como pilares para adoptar polí­ticas que favorezcan a quienes se encuentran discriminados o en condiciones desiguales de ejercicio de derechos.  ¿Lo sabrán los “partidos polí­ticos” guatemaltecos?
*Abogado constitucionalista