A seis dí­as de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales, la sexta desde la llamada apertura democrática en 1985, los partidos polí­ticos se disponen a convencer a un electorado que de acuerdo a los recientes estudios de opinión, aún no ha tomado la decisión ?en su mayorí­a- de por quién votar.

Doce candidatos a la Presidencia y su base partidaria se encuentran consolidando sus equipos de trabajo y estrategias de campaña para arrancar, abiertamente, el próximo miércoles, dí­a en que el Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones a celebrarse el 9 de septiembre. El decreto de convocatoria ya está listo, según el presidente del TSE, í“scar Bolaños.

Más de tres mil puestos de elección popular se disputarán las 20 organizaciones polí­ticas que están legalmente inscritas ante el TSE, las que pretenden convencer con su oferta electoral a cerca de seis millones de guatemaltecos aptos para elegir a el binomio presidencial, 158 diputados, 332 alcaldes y sus corporaciones municipales.

Si bien las principales fuerzas polí­ticas iniciaron su campaña proselitista previo a la convocatoria, hoy lo harán abiertamente: La Unidad Nacional de la Esperanza, busca consolidarse en el primer lugar de intención de voto, particularmente en el Occidente, Costa Sur y el área metropolitana. El Patriota, con su propuesta de mano dura, pretende acortar la distancia con ílvaro Colom; mientras que la Gana presenta las fortalezas personales de Alejandro Giammattei, su candidato, y trata de distanciarse de las acciones de gobierno, para tener opción de disputar una segunda vuelta.

El proceso electoral ha sido calificado como insí­pido por analistas polí­ticos, quienes sostienen que después de la incorporación de la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú a la contienda y de conformar los binomios presidenciales antes de la convocatoria, no se ha producido nada sobre natural. Los planes de gobierno que impulsen la reestructura del Estado no han sido presentados.

Momento de la propuesta

Adelantándose a los cuestionamientos, ayer los secretarios generales de los partidos polí­ticos suscribieron un Código de í‰tica, mediante el cual anuncian que el proceso electoral servirá de marco para la discusión constructiva y la toma de decisiones que permitan consolidar el Estado de Derecho. Ellos se han comprometido a evitar que el crimen organizado, el narcotráfico y dinero de las arcas nacionales sirva para financiar sus campañas, pero la población y sectores organizados piden respuesta a los problemas de inseguridad, pobreza, desempleo, alto costo de la vida, salud, educación e igualdad. Hoy, los polí­ticos tienen la mesa servida para poder convencer con planteamientos.

La agenda pendiente

Violencia e inseguridad: Se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población, sólo en 2006 se produjeron 17 muertes violentas diarias. 15,730 homicidios han sucedido en los primeros tres años de gobierno de Oscar Berger y Q17 mil 900 millones fue el costo de la violencia en 2005.

El Procurador de los Derechos Humanos calcula que en el paí­s hay dos millones de armas de fuego no registradas, una por cada seis habitantes. Se estima que el sistema judicial investiga sólo el 3% de los delitos.

Pobreza: Los guatemaltecos viven en una de las sociedades más desiguales de la región. La pobreza predomina especialmente entre las comunidades de indí­genas mayas.

El Banco Mundial calculó que dos terceras partes de los niños guatemaltecos viven en la pobreza.

Impunidad: Grupos de Derechos Humanos dentro y fuera de Guatemala señalan que el principal reto para la democracia sigue siendo establecer el imperio de la ley y terminar con la impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Un tema relacionado es frenar lo que Amnistí­a Internacional denomina como «un estado corporativo mafioso» en el que existen ví­nculos entre poderosos intereses económicos, sectores de la policí­a y las fuerzas armadas, traficantes de drogas y delincuentes comunes.

Tráfico de drogas: Guatemala es un punto principal de tráfico de la cocaí­na colombiana.

Educación y salud: La oposición polí­tica sostiene que no han existido avances considerables en la materia y que se impulsa su privatización.