Debiera preocupar a la población que la Corte de Constitucionalidad haya resuelto favorablemente la gestión hecha por el Tribunal Supremo Electoral (Expediente N° 629-2011, publicado en la página 10 del Diario de Centro América del 7 de junio de 2011) para suspender provisionalmente la norma consignada en la Ley del Registro Nacional de Personas que dice: “En caso de alteraciones, errores o duplicidades, la Junta Receptora de votos deberá rechazar el documento irregular”, asunto que desde ya despierta el temor de estarse propiciando el fraude electoral al poder ejercer el sufragio quienes presenten documentos a todas luces no válidos.

Dado el caso se confirmara el fallo, se harí­a viable el cumplimiento de lo que desde hace tiempo se ha visto venir y que hemos denunciado, desde catapultarse la figura de la Primera Dama con fondos del Estado, los que puestos en manos de las huestes del partido polí­tico han sido útiles para sustentar el pobre criterio que “lo moral no tiene nada que ver con lo polí­tico ni viceversa”.

Por lo visto, en Guatemala se ha vuelto costumbre caer en el error de aceptar lo malo como bueno; lo incorrecto como válido o lo indebido como aceptable. ¿Adónde iremos a parar entonces? Y, si lo anterior no les parece suficiente, otro fallo acaba de dictar la misma Corte de Constitucionalidad al darle “ví­a libre” a la inscripción de Sandra Torres Casanova como candidata presidencial, al revocar el amparo otorgado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil del 1 de junio pasado. No cabe duda entonces, que para la CC, el abogado que interpuso el recurso está totalmente equivocado cuando afirma que el divorcio de la candidata oficial con el actual Presidente de la República es una clara violación al Estado de Derecho y que tampoco tiene algo de malo que cuando fue Primera Dama, utilizara los recursos públicos para ampliar o crear su propia imagen polí­tica. Vean qué caso.

¡Válgame Dios! ¿Qué podrá esperar entonces aquel ciudadano que con una resolución legalmente emitida en la mano está exigiendo que le devuelvan las tierras que son suyas y al usurpador se le mande al carajo?, ¿qué esperanza podrá tener el acongojado padre que acaba de perder a su hijo clamando porque se le haga justicia, cuando el asesino anda tranquilo y campante por la calle?

Ahora, llamar a la reflexión a nuestros jueces, legisladores y demás autoridades se ha tornado cosa sin importancia. Tampoco la tiene, que una gran parte del electorado haya perdido la fe en el sistema democrático, al punto, que se estén haciendo llamados para anular el voto o de abstenerse de concurrir a las urnas, todos con el afán de que no se convalide la mascarada en proceso. Es oportuno preguntar entonces: ¿Iremos a confirmar aquel famoso refrán que reza: “No hay peor ciego que el que no quiere ver?