Estamos llegando al final de la fase en que se tiene que decidir si la esposa del Presidente puede optar a la Presidencia de la República o si el divorcio fue realizado, como ellos dijeron, para evitar que la prohibición constitucional se le aplicara. Tras lo resuelto en el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, entidades competentes de acuerdo con el ordenamiento legal para resolver en materia relacionada con las elecciones, y luego en la Corte Suprema de Justicia, ahora le corresponde a la Corte de Constitucionalidad emitir su fallo.

A los ciudadanos nos corresponde esperar en estos dí­as en que se ha de realizar una audiencia pública, ya solicitada, y en los que se debe producir la deliberación correspondiente entre los cinco magistrados titulares y dos suplentes designados mediante un sorteo para completar el tribunal.
 
 Obviamente los siete abogados que conocerán el tema no son ajenos al mismo porque ha estado en el candelero nacional durante por lo menos el último año. De hecho, ellos recuerdan que la misma integración de la Corte de Constitucionalidad giró en mucho alrededor de este tema en particular y que el Ejecutivo designó magistrados con el único criterio de que pudieran cumplirles en este momento. No se trataba de constitucionalistas experimentados ni de figuras sin tacha dentro del foro nacional, sino que su mérito habí­a sido mostrar la más absoluta disposición a servir bien a la pareja presidencial. Siendo que fueron nombrados para este momento estelar en sus vidas, cuando dejarán marcado su nombre en la historia y que ha llegado la hora de hacerlo, sus votos están decididos.
 
 Pero tanto ellos como el resto de magistrados han estado leyendo las resoluciones anteriores y los alegatos de las partes, por lo que saben exactamente cuál es la situación. Los argumentos del Registrador Civil fueron avalados por el Tribunal Supremo Electoral y luego fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia en fallos bien fundamentados en la interpretación constitucional.
 
 Nada es seguro porque todo puede ocurrir a partir de ahora y la CC es la que tiene la última palabra. De hecho es sobre ella donde se centran las mayores presiones justamente por ese carácter definitivo de su resolución. Tanto quienes reclaman el respeto a la Constitución como quienes piensan que a pesar de la Constitución hay que inscribir a la candidata oficial, todos realizan alguna forma de presión sobre la CC a sabiendas de que los siete magistrados están acudiendo a una cita con la historia. En nuestro paí­s no es que los nombres o un estigma importen mucho, pero no cabe duda, además del derecho está en juego más de alguna honra.

Minutero:

A ver cómo les canta el gallo /
cuando pronuncie su fallo; /
unos nombres a la historia /
y otros que van a la escoria