El asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlamento centroamericano (Parlacen) genera hermetismo y repudio dentro de dicho organismo internacional.

Sin descartar la posibilidad de un crimen polí­tico, los representantes de las naciones centroamericanas al Parlacen, acudieron esta mañana al pleno internacional respondiendo a la reunión de emergencia convocada a raí­z del asesinato de tres funcionarios salvadoreños.

La delegación del paí­s vecino se mostraba esta mañana desconcertada por la información referente al crimen del cual fueron ví­ctimas sus compatriotas Eduardo José D’Aubisson, José Ramón González y William Pichite, ambos pertenecientes al partido Arena.

La diputada Nidia Dí­az, representante del partido FMLN, dijo que desde la semana pasada se habí­a solicitado una escolta de vigilancia a la Policí­a Nacional Civil (PNC) argumentando que desde hace ya algún tiempo atrás se vení­an suscitando problemas de seguridad en el trayecto que realizaban hacia la capital guatemalteca.

Agregando que este tipo de ataque a su parecer proviene del crimen organizado, por las caracterí­sticas de precisión y tanta saña. Manifestó además: «desconocemos si el atentado es un crimen polí­tico».

Por su parte, Guillermo Magaña, funcionario salvadoreño ante el Parlacen, expresó: «este crimen debe ser resuelto hasta dar con los culpables», agregando que el clima de violencia que azota la región hace temer por la integridad de todos los miembros del organismo internacional.

Según Magaña era un total de cuatro vehí­culos los que conformaban la caravana que se movilizó desde la ciudad de Ahuachapán a tierras nacionales, especificando que fue sobre el bulevar de Vista Hermosa, donde el automotor que transportaba a los diputados asesinados se separó del grupo, el cual vení­a siendo escoltado por la PNC.

Autoridades del Ministerio Público se hicieron presentes en el edificio que alberga el Parlacen, en donde realizaron una entrevista con los miembros de la delegación vecina, quienes se movilizaban conjuntamente con las ví­ctimas del crimen, disposición que responde a las medidas adoptadas por el MP en la obtención de datos.