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Por ello se crearon las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia, cuya columna vertebral es velar por que niños, niñas y adolescentes no sufran ningún tipo de maltrato.

Las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y la Adolescencia, surgen como plan piloto en 1997, en los departamentos de Huehuetenango y Quiché, para responder a las necesidades de la comunidad de brindar una correcta protección a la niñez y adolescencia, explica Nidia Aguilar, defensora de la niñez de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, PDH.

Las Juntas, estaban estipuladas en el Código de la Niñez, el cual nunca entró en vigencia, pero la PDH inició la conformación de las mismas en 2001, relata Aguilar.

Rubelci Alvarado, Gerente de Programas de Save The Children Guatemala, quien brinda acompañamiento a las mismas, comenta que las juntas surgieron ante la falta de una instancia, que diera correcto seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos de infantes y adolescentes, «las juntas se establecen dentro del mandato de la PDH, la cual brinda el aval a las mismas y las juramenta», asegura Alvarado.

En junio de 2003 entró en vigencia la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, la cual contení­a toda una sección que contemplaba el funcionamiento de las Juntas Municipales de Protección, pero ese apartado desapareció, relata Aguilar.

A criterio de César Reyes Lucero, director de Pro-niño y niña de Centroamérica, Pronice, la Comisión Nacional de la niñez y la adolescencia tiene entre sus planes aprovechar la existencia de las juntas, para hacerlas parte de las Comisiones Municipales, de tal forma que ambas sean compatibles y se fortalezca la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional.

Participación ciudadana

Las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia no son más que un esfuerzo de personas que trabajan en sus comunidades de forma voluntaria, para velar porque los derechos de niños, niñas y adolescentes no sean violados.

Entre las principales atribuciones de las juntas se encuentra la recepción de denuncias de violaciones a los derechos de la niñez y adolescencia, la ejecución de acciones de promoción de derechos, informar a la auxiliatura departamental de la PDH y defensorí­a de la niñez, alguna violación a los derechos de infantes y adolescentes y propiciar la participación activa de este sector de la población.

La instancia está integrada por lí­deres mayores de edad de los municipios, los cuales ceden su tiempo para trabajar a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Aunque muchos municipios cuentan con un buen número de personas colaboradoras, no todas las comunidades corren la misma suerte. Tal es el caso de Mireya Custodio, integrante de la Junta Municipal de San Marcos, quien se ve obligada a ocupar los cargos de secretaria y tesorera, por la falta del recurso humano, «la gente no cede su tiempo para estar en las juntas», afirma.

Hugo Vásquez, vocal de la Junta de Tejutla, San Marcos, relata que la instancia de su municipio se está disolviendo, porque las personas no tienen el tiempo suficiente para dedicarse a recibir denuncias, puesto que la mayorí­a de integrantes tiene un trabajo a tiempo completo, además, por ser una labor ad honórem, «las personas se sienten poco motivadas», afirma.

Las juntas también cuentan con la participación de la niñez y la adolescencia, para que estos conozcan plenamente sus derechos, y denuncien la vulneración de los mismos, ya que el conocimiento de sus derechos es vital para que puedan prevenir abusos.

«Coordinamos acciones con la PDH, para brindar talleres de capacitación y diplomados, para que la niñez y adolescencia conozca sus derechos, y así­ promover que los niños, niñas y adolescentes también presenten sus denuncias cuando sufren de maltrato» relata Gilberto Soria, vicepresidente de la Junta de Protección del Estor, Izabal.

Todo un proceso

La conformación de las Juntas depende de un proceso obligatorio para su funcionamiento.

«Lo primero es identificar los municipios más vulnerables y la factibilidad que pueda haber para darle un seguimientos a las juntas, es necesario que la población y las autoridades locales tengan la voluntad de colaborar con ese proceso, para ello se hace una reunión con el alcalde y con el Consejo Municipal de Desarrollo, Comude» explica Rubén Mendoza, integrante de la Defensorí­a de la Niñez.

La Defensorí­a de la Niñez y la Juventud, conjuntamente con las auxiliaturas departamentales y autoridades de las municipalidades realizan una etapa de capacitación en el tema de Derechos de Niñez y Adolescencia para luego convocar a una elección, donde las comunidades escogen quienes serán los integrantes de éstas.

Por último es la PDH o sus representantes, quienes la juramentan, «las autoridades municipales firman un acuerdo municipal, que aprueba el funcionamiento de las mismas, y garantiza el apoyo», concluye Mendoza. Actualmente hay 140 juramentadas.

Contradictorio

Pese a que las juntas son municipales, no todas reciben la ayuda de la Municipalidad, tal es el caso del municipio del Estor Izabal, donde ésta ha cambiado de nombre. «Nosotros somos la junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia del Municipio del Estor, Izabal, no contamos con el apoyo del alcalde, por eso tuvimos que recurrir a nuestra parroquia, la cual nos ha brindado un espacio fí­sico para funcionar», relata Soria

Aguilar, por su parte, reconoce que no todas las juntas reciben el apoyo de la municipalidad, por lo que asegura que es la PDH quien les proporciona insumos básicos de oficina para que puedan funcionar.

«No contamos con el recurso municipal, porque el alcalde es apático, por lo que la existencia de un rubro de parte de la municipalidad es inexistente, esto a pesar que la ley es especí­fica en cuanto la obligación de las municipalidades de brindar apoyo», afirma Héctor Hernández, presidente de la Junta del Municipio de Champerico, Retalhuleu.

Trabajo en conjunto

Las Juntas Municipales de Protección sólo hacen una parte del trabajo al tomar las denuncias correspondientes, por lo que deben coordinar acciones con las auxiliaturas departamentales de la PDH, para que éstas, a través de un juez competente, tomen acciones legales en contra de los agresores, y así­ emitan las sanciones correspondientes.

«Las auxiliaturas nos han ayudado a perseguir y condenar a los agresores», relata Mireya Custodio, de San Marcos, al referirse a las acciones que han coordinado con estas dependencias, para la persecución de los victimarios.

Hugo Vásquez, por su parte comenta que en el caso del municipio de Tejutla, San Marcos, no ha existido la necesidad de llevar los casos a un juez competente o al juzgado de paz, porque han podido resolver las diferencias en sus comunidades a través del diálogo, «acá los casos son esporádicos», afirma.

Amenazas

Pero no en todos los municipios las personas reaccionan favorablemente, en algunos lugares, pobladores muestran animadversión a los integrantes de las juntas, quienes en algunos casos son amenazados por presentar las denuncias ante una auxiliatura de la PDH, «hemos sido ví­ctimas de los agresores, hemos recibido amenazas por parte de padres de familia que no están conformes con las denuncias», asegura Héctor Hernández.

A criterio de Reyes Lucero, la existencia de las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia, está más que justificada, debido al exceso de violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se presentan a nivel nacional, por lo que las mismas son un paliativo para que la sociedad participe y denuncie la existencia de dichas violaciones.

La promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, es un compromiso que muchos ciudadanos conscientes, han querido adquirir de forma desinteresada, ejemplo que deberí­a ser imitado por todas y todos los ciudadanos, para que la infancia y adolescencia del paí­s puedan tener un buen presente y un mejor futuro.