Como resultados preliminares a la auditorí­a que la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, PDH, ha realizado a la Secretarí­a de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, se ha comprobado que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, han tomado acciones para combatir la inseguridad alimentaria.

Según Luis Enrique Monterroso, coordinador de la Unidad de Derecho a la Alimentación de la PDH, se ha encontrado que durante el actual periodo de Gobierno únicamente se han presentado tres iniciativas de ley para combatir la crisis alimentaria, las cuales aún no tienen un dictamen favorable.

Además, Monterroso lamenta que el presupuesto de la SESAN, de Q46 millones, continúe igual a pesar de haber declarado la alerta nutricional. Según el experto, las propias autoridades han dicho que el monto necesario para emprender acciones contra el hambre es de Q324 millones, ya que hay 46 mil familias en riesgo, sin embargo, estas cifras también son cuestionadas por la PDH, ya que aseguran que según el Programa Mundial de Alimentos, en Guatemala hay 173 mil familias en riesgo por desnutrición.