Si en realidad queremos mejorar este país, la reforma política y la consecuente reforma del Estado son pilares fundamentales donde se estaría cimentando la transformación social y económica de Guatemala. Definitivamente el primer paso es ese cambio radical que se requiere en la calidad de nuestros representantes, esto es algo que resulta derivado de una profunda reforma electoral y de partidos políticos, ya que la esperanza para que se den los grandes cambios que en el Estado se demandan depende básicamente de esa reestructuración jurídica que deberá impulsar el más alto organismo representativo del país, y esto por supuesto demanda la presencia en ese recinto de los mejores hijos de Guatemala.
El tema de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es apenas el inicio de todo este proceso de transformación del Estado y la sociedad, es un tema bastante amplio imposible de cubrir con una sola columna. Uno de los aspectos más importantes en la búsqueda de una mejor y legítima representatividad, es el hecho de derogar de una vez por todas esas candidaturas a diputados por listado nacional, así como impulsar la democratización interna de los partidos políticos con el propósito de generar candidaturas derivadas de elecciones internas y abiertas. No menos importante resulta el hecho de que estas pre-candidaturas se presenten solo cuando estén ya avaladas por la misma sociedad (o sus comunidades), y sean sujetas de un rápido proceso de depuración por medio de requisitos legales que busquen perfiles humanos caracterizados por un adecuado nivel académico y un alto nivel moral. Para que un ciudadano pueda postularse a un cargo de elección popular, definitivamente debe tener el aval previo de su comunidad, carecer de antecedentes penales, no tener ningún tipo de juicio pendiente, no haber sido candidato o estado afiliado a un partido diferente en los últimos dos años. El requisito de un adecuado nivel académico facilita el mandato social del alto rendimiento en el recinto parlamentario.
Otra de mis sugerencias en la búsqueda por mejorar la calidad parlamentaria, dentro del tema de la reforma a la ley electoral, es instituir una ley de antecedentes de los candidatos a cargos públicos electivos. Hasta ahora la militancia en un partido político ha sido suficiente para la postulación a un puesto de elección popular, y la pertenencia a un partido puede ser una condición necesaria, pero muy lejos de ser suficiente. Hoy en día, los ciudadanos estamos exigiendo a los partidos políticos condiciones mínimas en sus candidatos, como idoneidad, honestidad y capacidad para liderar proyectos en forma eficiente, conocimientos técnicos sobre los temas respecto de los cuales le tocará decidir y gestionar. El subdesarrollo a que nos tiene sometido el actual modelo político de los inocuos «levanta mano» en el Congreso, ya debe quedar atrás.