Dentro del contexto de la deformada libertad de empresa que existe en Guatemala, todos los días se cometen los peores atropellos en contra de los derechos humanos de los habitantes, particularmente los que se inscriben en el área económica y social. Entre los hechos más frecuentes, sobresalen las maniobras de la Empresa Eléctrica de Guatemala mediante las cuales llevan a cabo aumentos solapados al cobrar consumos del fluido eléctrico que no se han realizado.
El punto álgido de la cuestión siempre ha sido cómo probar que no se ha producido el consumo en servicios como el eléctrico y el telefónico, por lo cual los ciudadanos siempre son frágiles y cautivos de las medidas arbitrarias de las empresas a cargo de tales actividades.
Sin embargo, se dan situaciones extremas como las de viviendas desocupadas o que tienen sólo un habitante, en las cuales es mucho más fácil determinar el probable consumo en materia de energía eléctrica. En los últimos días hemos conocido varios casos con estas características mediante los cuales se evidencia que la Empresa Eléctric, actualmente propiedad de inversionistas españoles, viene actuando con claro desprecio a los intereses de los consumidores y en abierta violación a los derechos económicos y sociales.
Curiosamente en los inmuebles que no están ocupados, cada mes la factura llega con aumentos de consumo, lo cual obviamente no tiene justificación actualizando el debate sobre la impresionante voracidad de empresas multinacionales como la ya citada que, además, presta un pésimo servicio, pues en los últimos meses con alguna frecuencia se han registrado apagones sin que los guatemaltecos hayan recibido una explicación sobre los mismos.
El otro hecho repetitivo es el cobro del supuesto aumento en el consumo eléctrico en inmuebles con un solo habitante que no dispone de nuevos aparatos eléctricos y que mantiene una rutina de consumo que casi nunca se altera.
Los cobros de aumentos solapados de la Empresa Eléctrica no son un fenómeno nuevo en Guatemala, sino una práctica que riñe con la ética que toda empresa nacional o extranjera debería respetar.
Desdichadamente, estas acciones se han cometido y se siguen cometiendo en una atmósfera en la cual predomina una extendida impunidad, pues la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, es totalmente ineficiente, mientras el Procurador de los Derechos Humanos no se preocupa de estos asuntos, pues parece que su mayor interés se centra únicamente en aquellos temas de gran impacto que puedan abrirle espacios a efecto de figurar en los medios de comunicación, ya que todo indica que está empeñado en una campaña de promoción personal supuestamente con fines políticos.