El gobierno anterior puede señalar con toda autoridad que tuvo una actitud positiva a la actualización y revisión de los salarios mí­nimos y prestaciones laborales, desde el principio de su gestión elevó los salarios públicos, envió y apoyó la actualización y reajuste de la bonificación salarial incrementándola en un 400% en el año 2000.

Fue diferente también en la polí­tica de reajuste y actualización del poder adquisitivo de los salarios mí­nimos, que son la base que obliga a actualizar el resto de salarios.

Un análisis comparativo comprueba que en el gobierno anterior se recibió el salario agrí­cola en Q27 diarios y el no agrí­cola en Q29, salarios mí­nimos que se reajustaron a Q30.46 y no agrí­cola a Q32.82 en enero de 2001 y que se reajustaron nuevamente a Q35.83 y Q38.33 a partir de enero de 2002. También se reajustaron a Q40.23 y a Q42.53 a partir de enero de 2003, dejándose estos salarios mí­nimos a partir de enero de 2004 en Q46.93 el agrí­cola y a Q48.00 el no agrí­cola; es decir que la totalidad de la inflación se reajustó y además se incrementó el poder adquisitivo en todos y en cada uno de los años del gobierno anterior, evidenciándose con estos hechos la conciencia social del anterior gobierno versus la inconciencia del que ahora concluye.

Si en algo no puede haber comparación es en la actitud o polí­tica laboral que el gobierno de la Gana, que preside Berger, desarrolló al no preocuparse de los salarios. El argumento de la inflación por factores externos es cierto, pero más determinante y cierto es que las máximas autoridades del gobierno de la Gana no controlaron el abuso de precios ni tuvieron conciencia social. Por ello, la estadí­stica, los informes del INE, del PNUD, evidencian que en Guatemala se hicieron más ricos los ricos y más pobres los pobres.

Los representantes patronales deben de reconocer que el salario mí­nimo es eso, el mí­nimo que garantiza a quien se incorpora a los puestos de trabajo el recibir un ingreso que le permita sobrevivir. La pretensión que los salarios se fundamenten en la productividad puede justificarse si es un incentivo adicional al salario mí­nimo, a un salario base al que se adiciona una bonificación, un reconocimiento que se basa en la productividad, pero nunca puede ser el factor que determine el salario mí­nimo porque ello implica trasladarle el riesgo patronal al trabajador y no respetar el hecho que trabajar implica un derecho a un salario mí­nimo que le permita la subsistencia.

Yo reto al presidente Berger a ponerse la mano en la conciencia, que en un acto de contrición, de mea culpa, decrete a partir del 1 de enero de 2008 la unificación del salario agrí­cola y no agrí­cola, con un reajuste que supere la inflación de sus cuatro años de gobierno y restituya la capacidad adquisitiva del salario mí­nimo. Con ello podrá decir que al final tuvo la hidalguí­a de reajustar los salarios mí­nimos evitando concluir su mandato comiendo tamal, hablando «chapucerí­a», sin una polí­tica y una conciencia laboral que le califique como el presidente menos ecuánime en la historia laboral de nuestro paí­s.