El presidente de la Junta Directiva, Carlos Torrebiarte, se reunió con editores del matutino Siglo Veintiuno para exponer los proyectos del Seguro Social. De esas conversaciones publicó un artículo el 27 de noviembre pasado, en el que apareció la expresión que cito en el titular, en calidad de interrogante, puesto que la similitud me parece alejada de los objetivos que establece su ley orgánica promulgada en el Decreto 295 del Congreso de la República el 28 de octubre de 1946, con el publíquese y cúmplase, dos días después, del presidente Juan José Arévalo y el ministro de Economía y Trabajo, en ese entonces Clemente Marroquín Rojas.
En su texto se explica que su finalidad es la de aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala un «régimen nacional, unitario y obligatorio de Seguridad Social», cosa muy distinta a un negocio en el que una empresa por una cuota, pago o amortización voluntaria le asegura la cobertura de riesgos ajenos a una persona individual o jurídica. De esa cuenta, me anticipo a creer que fue un error de concepto tratar de mezclar el sebo con la manteca. Porque cosa muy distinta es la disyuntiva de atender las prestaciones en servicio que el IGSS presta a sus afiliados o beneficiarios, ya fuera en sus propias instalaciones o como muy bien lo ha venido haciendo subcontratando a otras entidades (por ejemplo, con la Unidad de Cirugía Cardiovascular -UNICAR-) en las que la experiencia ha demostrado que cumplen con los parámetros de especialización y profesionalismo.
Lo que es muy importante tener en cuenta es satisfacer plenamente la gorda obligación que el IGSS tiene de cumplir con lo que en derecho le corresponde a sus afiliados, velando porque sea invariable la óptima calidad de tales servicios, incluso superiores a los que brinda en sus propias instalaciones, las que por cierto en los últimos años se han venido deteriorando y de ahí, que tuvieron que crear manuales de ética y conducta para obligar a sus laborantes a ser más corteses, puntuales y eficientes con quienes gracias a sus contribuciones están percibiendo sus remuneraciones.
¿Y qué decir de las prestaciones en dinero que el IGSS olvidó ajustar a la situación económica imperante? De ahí que insista en decir que el IGSS debiera ser el mejor instrumento político para un gobierno inteligente que quisiera retomar el camino de satisfacer el bien común. Sin politiquerías, podría llegar a la fuerza activa, productora y generadora de riqueza del país, como que también le sería útil para descongestionar sus instalaciones de salud, en donde lo que menos se brinda es la esperanza de preservar la vida de sus pacientes. El nuevo gobierno, que ha insistido en querer ayudar a los más pobres y necesitados, debiera cumplir con su deber constitucional de empezar a pagar el adeudo que le tiene al IGSS. No dudo en que sólo con eso, podría pasar a la historia.