Luis Mayora, hijo del conocido abogado Eduardo Mayora Dawe, administra el CCG que no ha cumplido los compromisos de pago con proveedores de bienes y servicios como Ferco, Sistegua, Construcciones Viales de Guatemala y Provensa. Tampoco ha liquidado las cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con lo que afecta a los empleados del complejo. Las cuentas vencidas desde diciembre de 2006 suman más de 3 millones de quetzales. Algunas deudas han sido amortizadas con estacionamientos en el CCG, pero no se ha legalizado la propiedad de esos espacios, que en algunos casos son alquilados sin que los beneficios se trasladen a los nuevos dueños.

Recientemente se inauguró el Club Guayacán, que cuenta con restaurantes de alta cocina, bares, gimnasio, piscinas y otros ambientes, pero, al igual que las oficinas, no reúne condiciones de seguridad y calidad. La más grave consecuencia de estas deficiencias, atribuibles a Luis Mayora, es el incremento del metro cuadrado de construcción, cuyo costo es hasta 40% mayor al de las edificaciones circunvecinas.

Quienes invirtieron en el CCG contemplan con impotencia el fracaso de un proyecto que requiere un cambio de administración; cumplir los requisitos de seguridad y calidad, ofrecidos originalmente; reducir el tiempo de entrega de las oficinas y pagar a los acreedores. Este caso demuestra que los vicios administrativos no sólo ocurren en el sector público. Debe evitarse que esas lacras se propaguen en la industria de la construcción, que es uno de los principales indicadores económicos en Guatemala.