El desvalijamiento de Guatemala es persistente, obstinado y casi imparable en una «demo-plutocracia» en la que la ciudadanía no tiene nada que ver o hacer con respecto a la riqueza del país. La confabulación entre el Congreso de la República, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y, en algunos casos, el Consejo Nacional de íreas Protegidas (Conap), convierte a estos entes gubernamentales en simples cajas de resonancia para satisfacer los insaciables apetitos de los financistas, amigos, empresas transnacionales y del presidente Berger.
En este momento está en juego la criminal exploración petrolera en áreas adentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, debido a la inconsistencia de una ley cuyas reformas llevan los diputados dos años en discusión, y que, como actualmente está, permite al gobierno hacer lo que se le ronque la gana para entregar «legalmente» los permisos «legalizados».
El Conap conoce perfectamente el enorme peligro adicional al que sería sometida la fragilidad de la Reserva de la Biosfera Maya si autorizaran la aprobación. Sin embargo el MEM está dispuesto a forzar la aprobación a como dé lugar. í“scar Berger ya había incluido esa aprobación como uno de sus goles en la agenda económica gubernamental 2006-2008. Por esa razón, el MEM solicitó la revisión del dictamen negativo del impacto 138-2006, emitido por el Conap. «No estuvimos de acuerdo ?con el dictamen? e hicimos un nuevo planteamiento al Conap», concedió con el mayor cinismo Jorge García Chiú, viceministro de Energía y Minas.
Ana Luisa Noguera era secretaria ejecutiva del Conap cuando se emitió la resolución, y pocos meses después fue destituida. «Yo no renuncié, mi salida fue decisión del presidente í“scar Berger», dijo en esa oportunidad. Se tiene conocimiento que Ana Luisa Noguera fue despedida del CONAP porque se opuso a los intereses de Berger para favorecer contratos petroleros en zonas de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya. Estas acciones únicamente se ven en las películas de gángsters o en gobiernos fascistas, comunistas o de mano dura.
Dentro de los múltiples pretextos del «neoliberalismo guatemalteco» para saquear al Estado está el de «brindar seguridad económica y jurídica al capital privado», «incentivar la afluencia de capital extranjero» y reducir el Estado al papel de «administrador y fiscalizador de títulos mineros».
Al amparo de esta filosofía y bajo el pretexto de elevar la «competitividad» del país a nivel internacional, el gobierno de í“scar Berger Perdomo anticipó el fomento a la gran minería, la que exige cuantiosas inversiones en infraestructura, alta tecnología productiva y solidez económico-financiera: requisitos que sólo pueden cumplir a «complacencia» en Guatemala los consorcios extranjeros minero-energéticos.
De esta forma continúa la carrera en Guatemala para disminuir impuestos, alargar plazos, facilitar la expatriación de recursos naturales, agilizar licencias y demás requisitos para que los inversionistas extranjeros se apoderen del potencial minero del país por medio de colosales sobornos a los gobernantes, mientras las mayorías poblacionales se debaten entre la miseria, la ignorancia, la enfermedad y la muerte.
Es momento de poner un freno a esto, señor presidente electo, ílvaro Colom.