En tanto persista la actual forma en que elegimos a quienes nos representan en el Congreso de la República, las actitudes asumidas esta semana será recurrente. Recordemos la frustrada intentona de 2003. Recordemos las «indemnizaciones» que se auto recetaron magistrados de todo nivel, inclusive los de la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién tendrá algún grado de entereza de aplicar o velar porque se aplique lo contenido en el artí­culo 155 constitucional? Cito: «Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren».

Repito, el sistema polí­tico está agotado, está caduco, es inoperante, es deficiente. Pero lo sucedido el martes pasado en el Congreso de la República no debe escandalizarnos. A mi juicio es un ilustrativo ejemplo de lo que debe ser enmendado. Debe plantearse un conjunto de reformas que de fondo restituyan el ejercicio de la función pública y de paso reestructuren el sistema polí­tico de nuestro paí­s.

Esta situación le plantea al presidente electo la oportunidad de proponer, si así­ lo estima conveniente, de un conjunto de enmiendas a la Carta Magna, en materia del sistema polí­tico que incluya una nueva modalidad de elección de los integrantes del Congreso de la República. La simplista solución, que a conveniencia es citada en cuanto a que el número de diputados debe ser de 80, de conformidad con los Acuerdos de Paz, no es suficiente para garantizar un adecuado ejercicio de la representación polí­tica en el seno del Organismo Legislativo.

Lo sucedido esta semana, su secuela de reacciones de repulsa generalizada y la aplicación de correctivos que han implicado la expulsión de diputados de sus respectivas filas partidarias es, a mi juicio, una alerta temprana de lo que debe auspiciarse en el corto plazo. De continuarse con los rodeos o hacernos -entre todos- de la vista gorda del tamaño de desacierto que nos rige como conjunto de elementos propios del sistema polí­tico, no haremos más que alimentar el autoengaño y la frustración por una democracia que se niega a perfeccionarse a sí­ misma y por lo tanto no es tal, sino una simple fachada de democracia. No olvidemos que también el artí­culo 135 constitucional nos indica que como deberes y derechos de los guatemaltecos están, entre otros, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República.

Concentrarnos en repudiar porque es lo más cómodo en cuanto a las actitudes de evidente irresponsabilidad polí­tica es un erróneo simplismo que al final no resuelve absolutamente nada. El problema de fondo sigue ahí­. Otro cortoplacismo también lo constituye el marcar esta semana como el punto de partida del futuro destino que nos habrá de regir con el nuevo gobierno. Cada conjunto de circunstancias nos deben permitir medir el temple del polí­tico. Lo acontecido en tanto se mantenga cierto grado enérgico al solicitar actitudes más consecuentes con «el bien común», es una aleccionadora experiencia de la que puede surgir la posibilidad de evitar distorsiones en las complejas relaciones del Organismo Ejecutivo con un Organismo Legislativo tan dividido. Reitero, esta es una alerta temprana que puede ser aprovechada para aplicar correctivos de fondo y no sólo el cacareo de la protesta o los augurios negativos.

Ahora bien, si me equivoco, quienes saldremos más perjudicados seremos todos, pues la ingobernabilidad se asentará de tal forma que la anarquí­a se podrá palpar en todas las esquinas, en todos los puntos cardinales de nuestra problemática y conflictiva Guatemala. Un Estado fallido será poca cosa si los presagios malignos que se han expresado se cumplen y se hace de lado el posible aprendizaje de lo sucedido la semana que termina mañana.