Desde tiempos de los romanos existe la convicción de que no basta con ser bueno, sino que además hay que aparentarlo y viene a cuento esa vieja creencia ahora que se discutirá en su fase final el Presupuesto General de la Nación en el que el partido Unidad Nacional de la Esperanza ha tenido control de la comisión de Finanzas del Congreso, porque en el dictamen elaborado se consagra la continua utilización de los fideicomisos para el manejo de los fondos públicos, lo que nos demostraría que no existe la intención de aparentar honradez y, por lógica puede uno pensar, tampoco la decisión de actuar con honradez.
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Tanto los fideicomisos como las contrataciones de organismos internacionales para la ejecución del gasto público son actos de pura y absoluta mañosería. Quien diga lo contrario nos está queriendo ver la cara de babosos a los guatemaltecos, porque lo que en el fondo se persigue, bajo el argumento de lograr mayor celeridad en el trámite de las contrataciones, es evitar los controles que pueda efectuar tanto la Contraloría como la misma auditoría social que no toca tablita a la hora de pedirle cuentas a entidades bancarias que manejan los fideicomisos como secreto de Estado, ni a los organismos internacionales que se escudan en la inmunidad diplomática para escamotear cualquier información.
Si en el Presupuesto que se apruebe bajo el patrocinio directo de la UNE, que en este caso ya funciona como partido oficial porque está logrando la definición del gasto público para el primer año de su gobierno, se consagra el uso de los fideicomisos, el mensaje para la población no puede dejar lugar a dudas. Nada ha cambiado ni nada ha de cambiar, porque en materia de erogación de fondos del Estado se mantendrá la práctica corrupta de pasarse las normas constitucionales por el arco del triunfo. La constitución establece de manera clara y categórica que todo gasto debe ser debidamente auditado por la Contraloría de Cuentas, pero ni los fideicomisos ni el dinero que manejan entidades multinacionales puede ser objeto de esa verificación como lo demuestran de manera más que fehaciente los hechos.
Por supuesto que es importante disponer de mecanismos adecuados para agilizar la función pública, pero nunca esos mecanismos pueden darse en demérito de la capacidad de supervisar la honestidad y probidad en el manejo de los fondos. Tenemos casos abundantes en los que ha sido imposible hacer verificaciones y basta ver que lo mismo con el Campo de Marte que con el nuevo aeropuerto, los ciudadanos no tenemos más remedio que el de apechugar porque no existe forma de contar las costillas a las autoridades que se encargaron de administrar esos proyectos porque los trasladaron a entidades con inmunidad diplomática y eso cerró las puertas no sólo a la Contraloría, sino a cualquier ciudadano que quisiera indagar la forma en que se hicieron los gastos.
Hubo en la contienda pasada candidatos que defendieron a capa y espada el uso de los fideicomisos y de la contratación de entidades como el PNUD, la OIM o la OACI y desconozco si el presidente electo fijó su postura sobre el particular. Pero lo cierto es que esas prácticas son el arca abierta, aquella en la que hasta el justo peca, porque dejan sin posibilidad de control el manejo de millonarias sumas y en tales condiciones la tentación de clavarse el pisto es demasiado grande y difícilmente la puedan resistir. Por eso pienso que el gobierno de Colom definirá sus cartas con la aprobación del presupuesto y allí veremos hacia dónde van las cosas.