Nuevamente se plantea el desagradable tema de los funcionarios que, al terminar el período para el que fueron electos o designados, se recetan cínicamente una compensación por el tiempo servido que viene a ser exactamente lo mismo que la indemnización que nuestro sistema legal ofrece a quienes son injustificadamente cesados en sus trabajos. Y digo que es desagradable porque llora sangre que mientras en el país no hay dinero para cuestiones esenciales como la administración de justicia, la seguridad y la salud de la población, millones vayan a parar a manos de funcionarios carentes del elemental sentido de vergí¼enza que se han sabido aprovechar de su autoridad para obtener ese beneficio.
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Recordemos que hubo una iniciativa en el Congreso que llegó a plasmarse en ley prohibiendo tal pago a los pícaros que lo pretendían y pretenden, pero mañosamente el caso fue llevado a la Corte de Constitucionalidad y los magistrados, que también han sido beneficiados históricamente por esa mañosería, decidieron dejar sin efecto la ley para consagrar el principio de que los funcionarios electos para período determinado y hasta los que desempeñan cargos de absoluta confianza por nombramiento, puedan beneficiarse con la indemnización equivalente a un sueldo por año servido. Y como los salarios que devengan estos funcionarios son muy elevados, la suma que termina erogándose es millonaria.
Debo decir que algunos funcionarios por quienes sentí respeto debido a sus actuaciones públicas, terminaron perdiéndolo cuando vi que fueron de los que se beneficiaron callada la boca con esa indemnización porque me parece que es un acto profundamente inmoral. Si fueron electos o nombrados para desempeñar un cargo por período específico, desde el momento en que asumieron el cargo sabían que habría fatalmente una fecha en la que cesarían en sus funciones porque el mandato así lo establecía. ¿A cuenta de qué, entonces, van a beneficiarse con una compensación económica por el tiempo servido?
El problema es grave porque aquí sí que todos se tapan con la misma chamarra y nadie está dispuesto a ponerle fin al saqueo del erario. Si es la Contraloría de Cuentas, resulta que el Contralor ha sido beneficiado por la indemnización y por supuesto que quien esté al frente del despacho nunca va a cuestionar la erogación. Si es de ver la responsabilidad penal en que puedan incurrir los pícaros que se arman con el dinero del pueblo, resulta que el Fiscal General también se ha beneficiado con la medida y el titular estará esperando que le caiga su buena rodaja cuando cese en el cargo. Si se plantea algún recurso legal, el mismo pasa por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que también se relamen pensando en la indemnización que han de recibir cuando termine su período y en última instancia el caso llega a la Corte de Constitucionalidad donde, por supuesto, no se puede esperar sino el aval a la indemnización porque la misma les cae de perlas a los magistrados de ese cuerpo.
Y ahora resulta que ministros, viceministros, presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República y hasta el chucho cuyo período fenezca el 14 a las 14, extenderán la mano para irse a casa con ese dinero mal habido. No digamos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que terminan ahora su mandato y que preparan ya sus cuentas sobre lo que les tocará recibir.