En silencio, quieren cometer un crimen administrativo en el Ministerio de Gobernación. Sin cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, han «invitado a las personas interesadas» para presentar «manifestaciones de interés» con el propósito de «modernizar, actualizar y mejorar el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS)» en la Policía Nacional Civil. Este es un sistema computarizado que permite la identificación rápida y confiable de personas, cuya base de datos proviene de los archivos tradicionales de identificación.
Es absurdo instalar un equipo de cómputo de última generación que proporcione la imagen de una impresión dactiloscópica para captarla o archivarla en una base de datos, ya que Guatemala no cuenta con medios confiables de identificación. La cédula de vecindad en muchos casos se obtiene de manera anómala, además de la falta de medidas de seguridad en su procesamiento y emisión. En los registros civiles tampoco existen medidas de seguridad en la captura y manejo de la información de la gente. Al no ofrecerse certeza jurídica de los hechos vitales de las personas, no hay una forma segura de localizar una huella obtenida en una escena del crimen por el AFIS, porque no habría antecedentes de esa huella en la memoria.
El AFIS que pretenden instalar en la PNC nos recuerda que la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), Decreto 90-2005, dispone la adquisición del mencionado AFIS, pero su tecnología de punta impide hallar a un eventual proveedor que también sea el fabricante de ese sistema automatizado.
La secretividad con que convocaron para modernizar el AFIS en la PNC parece indicar el interés del círculo más cercano a la Ministra de Gobernación que quiere favorecer a una empresa francesa, la única dispuesta a instalar un programa que le costaría 30 millones de dólares a Guatemala. Esta empresa tendría la ventaja de cumplir con una serie de requisitos internacionales, solicitados para comprobarlos en pocos días, cuando se requiere más tiempo para probarlos. Al convocar con premura se dejó fuera a dos compañías, una canadiense y la otra estadounidense. ¿Acaso es cierto que esa empresa francesa fue la única dispuesta a pagar una comisión del 30 por ciento para ganar la convocatoria?
En este caso no se cumplió con las disposiciones de Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92, que en su artículo 44 establece las excepciones en que no será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones que deberán sujetarse al reglamento de la ley, contenido en el Acuerdo Gubernativo número 1056-92. El Ministerio de Gobernación no cumplió con la obligación legal de publicar su convocatoria en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el país, invitando a los interesados en ofertar la contratación para actualizar el AFIS, un sistema modernísimo en un país con métodos arcaicos de identificación de personas. En las postrimerías de este gobierno, no puede permitirse que se cometa un delito de lesa administración, del cual no quieren dejar rastros ni huellas latentes.