El Gobierno accedió a las demandas de la Asociación de Transportistas Urbanos y ante la amenaza del incremento del pasaje, el presidente í“scar Berger garantizó el aumento del subsidio para el próximo año. Alrededor de 75 millones de quetzales estaban destinados para este punto en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la nación, que ya recibió el dictamen favorable en el Congreso de la República. Sin embargo, aún no queda establecido cuántos millones de más serán destinados para alivianar el impacto del alza de los combustibles en el servicio de transporte público.

Pese a los ofrecimientos del mandatario, la dirección de los transportistas aseguró que buscará la autorización de la Municipalidad capitalina para aumentar el pasaje a por lo menos dos quetzales, y no levantaron la amenaza de paralizar el servicio.

Lo más preocupante es la afirmación del dirigente Luis Gómez, al señalar que el dinero que podrí­an recibir del Estado no significa un mejoramiento del servicio de transporte público, sino únicamente mantenerlo como se encuentra en la actualidad.

¡Vaya consuelo para la población! El sistema de transporte público se ha convertido en un buen negocio que no cuenta con la fiscalización del Estado ni de las autoridades de la Municipalidad capitalina.

A diario, miles de personas tienen que tratar de acomodarse en las camionetas y ruleteros que viajan hasta el borde, muchas veces a gran velocidad y desafiando a los amarillos de los semáforos, y otras, con el reto de probar su paciencia por la lentitud del chofer que no le da al acelerador hasta que no se siente satisfecho con la carga.

El presidente í“scar Berger, quien dirigió la Municipalidad Metropolitana durante dos perí­odos consecutivos, sabe muy bien cuáles son los principales problemas del servicio, y sabe muy bien que el subsidio es un aliciente momentáneo que aplazará el problema pero que lo hará mucho más fuerte para los próximo años.

La tendencia de los precios del petróleo es al alza, y el Estado no puede continuar sosteniendo una empresa privada en donde las cuentas son poco claras, como es el sistema de transporte.

La Asociación de Transportistas Urbanos ha puesto un plazo para que el Gobierno le responda. ¿Hasta cuándo las autoridades del Estado le pondrán un verdadero término a este problema? ¿Hasta cuándo la mayorí­a de la población guatemalteca tendrá que iniciar su dí­a con un dolor de cabeza provocado por el pésimo servicio, las patanerí­as de casi todos los chóferes y ayudantes y pagando cinco quetzales de pasaje luego de las seis de la tarde?

El sistema de transporte debe ser un servicio público y no privado, con una buena planificación y con seguridad para las y los usuarios. ¿Alguna vez las autoridades del Gobierno se habrán imaginado el ahorro que significa contar con un servicio de transporte urbano de este tipo que motive a la población a dejar sus carros en casa? Quizá este sea el momento para pensarlo.