Costa Rica incumplió con el plazo que tenía para eliminar una prohibición a realizar procedimientos de fecundación in vitro en el país y ahora deberá afrontar una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado suprimir esa limitación por considerar que vulnera los derechos de algunas personas.
Pocas horas después de vencido el plazo, la Cancillería informó en un comunicado que el país fue notificado de la decisión, acordada por la Comisión Interamericana desde el viernes anterior.
Ante la CorteIDH el caso será conocido como «Gretel Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro)».
«La remisión del caso dicho a la Corte era esperada ante falta de acuerdo en la Asamblea Legislativa para aprobar un proyecto de ley que regulara la fecundación in vitro en nuestro país y que fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo en el año 2010», detalló el boletín.
Agregó que «durante los próximos días se iniciará conjuntamente con la Procuraduría General de la República, el ministerio de Salud, el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros, una serie de reuniones a efectos de establecer la estrategia jurídica relacionada con la defensa de Costa Rica ante la Corte».
No hay una fecha estimada para que la Corte empiece a analizar la demanda.
El vicecanciller Carlos Roverssi había manifestado previamente a la AP que el gobierno ya no tenía más que hacer aunque confiaba en que la CIDH «analice el esfuerzo del país y no someta el tema a la Corte, pero escapa de nuestras manos la decisión».
El domingo fue el último día del periodo que dio la Comisión luego de dos prórrogas que comenzaron a contar desde octubre.
El organismo interamericano acogió el reclamo de varias parejas costarricenses que no pudieron realizar el tratamiento de fecundación en el país debido a la prohibición vigente, lo cual consideran una violación a sus derechos. Algunos optan por hacerlo en Panamá o en otras naciones cercanas.
La cancillería tuvo algunos acercamientos con las parejas demandantes, pero no llegaron a acuerdos.
El 14 de junio y en una cerrada votación, la mayoría de diputados decidió archivar el proyecto de ley que pretendía reformar la ley, algunos diputados lo hicieron por convicciones religiosas en un país donde la religión católica es la oficial del Estado y la iglesia se ha manifestado en contra de un cambio legal.
Otros legisladores esperan retomar el tema pues un fallo positivo de la Corte Interamericana obligaría a una reforma legal.
«Continuaré con mi lucha para que la fertilización in vitro sea una realidad en nuestro país… es un derecho de todos y todas las costarricenses», escribió la diputada oficialista Annie Saborio en el grupo «A favor del In Vitro» que funciona en la red social Facebook.
Días atrás la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum lideró una jornada de entrega de información a la población al considerar que las personas tienen derecho a decidir voluntariamente por el procedimiento de fecundación in vitro.
La AP intentó localizar al vocero de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Mauricio Granados, pero no estuvo disponible para comentar sobre el tema.
A finales de junio la oficina estatal de propaganda ordenó a la radio católica Fides sacar del aire unas cuñas contra la fertilización in vitro debido a que en la misma participaban indebidamente menores de edad. La emisora acató la medida y luego divulgaron otra campaña, pero sin utilizar voces de menores.
Los jerarcas católicos rechazan la técnica de fertilización artificial porque «consiente que seres humanos, en el estado más débil y más indefenso de su existencia, sean seleccionados, abandonados, asesinados o utilizados como material biológico», refiriéndose a óvulos que pueden haber sido fecundados en el procedimiento.