Luego de una campaña electoral marcada como una de las más sangrientas desde que Guatemala se iniciara en el escenario democrático, pronto se estrenará presidente. En algunos casos la noticia será recibida con mucho entusiasmo, desconsuelo, preocupación o indiferencia. No obstante, y aunque es de suma importancia dedicar espacio y atención a la victoria de unos sobre otros, actos de manifestación ciudadana como el voto nulo o abstencionismo no serán tomados en cuenta como realmente se debiera.
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Ejercicios democráticos como el que se vivió el pasado 9 de septiembre, o el que se vivirá en las próximas horas del 4 de noviembre, además de servir para elegir autoridades, convendrían ser los perfectos escenarios para medir, estudiar y explicar a fondo esos fenómenos desde perspectivas incluso históricas.
En la primera vuelta electoral el porcentaje de votos nulos fue de 9 por ciento para presidente y vicepresidente que representan 341 mil votos y de 13 por ciento que fueron 456 mil para diputados por listado nacional.
Se tiene previsto, que de los cinco millones novecientos noventa mil veintinueve ciudadanos en capacidad para votar en la segunda vuelta, un 50 por ciento no acudirá a las urnas, y de los restantes que si lo hagan, un porcentaje considerable emitirá voto nulo.
Tomar una decisión individual o colectiva de esa magnitud no puede seguir pasando desapercibida. Y es que no inclinarse por algún plan, en este caso de los dos partidos que pasaron a segunda vuelta, refleja que esos ciudadanos no están de acuerdo con los modelos de estado que les presentan, porque no son verdaderamente incluyentes, porque pretenden continuar privilegiando sólo a determinados sectores y por muchas posibles razones más.
Por el momento, en las manos de esos mismos ciudadanos que no elegirán al próximo presidente y decidan emitir voto en blanco o abstenerse de elegir al menos peor, queda la responsabilidad de seguir contribuyendo a que las cosas cambien.
La auditoría social como proceso por el cual se contabiliza y analiza los impactos o consecuencias de las decisiones y prácticas gubernamentales sería una alternativa viable.
Llevar a cabo esa práctica, a título personal o desde una organización de estudiantes, obreros o representantes de vecinos, serviría como mecanismo de presión para que cualquiera que asuma la presidencia de la República, o ya se encuentre en un puesto público, se encargue de proveer de acuerdo a los mandatos constitucionales, las necesidades populares e incluso a las mismas promesas de campaña, de manera eficiente y satisfactoria lo que se necesita.