Eso de exigir finiquitos a quienes hayan manejado fondos públicos para ser electos, como para poder asumir los respectivos cargos públicos, vino a servir de tapa al pomo al criterio generalizado de que la falta de transparencia y la ausencia del combate a la corrupción ha servido para demostrar la cara dura de nuestros polí­ticos. Por ello, cuando leí­ en el Diario de Centro América una entrevista que se le hiciera al «comisionado presidencial» para combatir ese flagelo, no hallaba qué hacer ¿si ponerme a reí­r o a llorar? Es que se necesita cara dura para asegurar que tanto la transparencia como el combate a la corrupción debiera convertirse en «polí­tica de Estado» cuando eso fue lo que no hicieron a lo largo de cuatro años, a pesar de que la población la estuvo clamando a gritos y que salvo me demostraran mi equivocación, puedo asegurar que no hubo ni un solo polí­tico que hiciera al menos el intento por transparentar los actos de su administración fuera en el gobierno central, en las descentralizadas o en el resto de los organismos del Estado. Para empezar, resulta un atrevimiento asegurar que se haya creado la figura de este comisionado presidencial como clara demostración de la voluntad polí­tica de Berger para transparentar la administración pública de su gobierno, mucho menos dentro de un programa de modernización del Estado, pues lo ocurrido no fue más que otro intento de querernos dar atol con el dedo, para que creyéramos en que su administración iba a manejar de manera correcta los fondos públicos, habiendo quedado finalmente demostrado que «del dicho al hecho hay mucho trecho» o ¿alguien a estas alturas está contento del manejo habido de los fondos asignados al sistema hospitalario?, ¿es que podrán creer que ya se nos olvidó la construcción de aquellas salas de operaciones del Hospital Roosevelt, las que decir que fueron «hechas con las patas», todaví­a serí­a una alabanza?

¿En dónde quedaron los denodados esfuerzos porque se aprobara la Ley de Acceso a la Información Pública y la del Enriquecimiento Ilí­cito de los Empleados Públicos? Bien sabemos que siguen engavetadas en el Congreso pero, ¿si realmente hubieran existido las intenciones, de las que tanto se habló en la campaña electoral y en la fastuosa propaganda oficial derrochada durante los últimos cuatro años, no se hubiera dado al menos un paso al frente?

De ahí­ parte mi sugerencia para los medios de comunicación social que gustan de investigar qué dice la opinión pública sobre nuestros problemas: ¿qué tal serí­a medir la impresión que tiene la población sobre la tan mentada transparencia y combate a la corrupción? Como bien dijo tantas veces mi recordado abuelito ¡a las pruebas me remito m’ijo!