A lo mejor hay que preguntarle al embajador Acisclo Valladares, quién ha venido funcionando como una especie de asesor legal de los Colom en el tema de la candidatura de la señora Sandra Torres; qué viene después del anuncio que hizo ayer la UNE-Gana en el sentido de que “desconocerán las elecciones†si no es inscrita la aspirante, en lo que es una clara evidencia de que están desesperados ante la posibilidad de un fallo adverso en la Corte de Constitucionalidad, no obstante todos los esfuerzos que en el transcurso de tres años hicieron para mantener control sobre tribunal, pactando con magistrados que por sus méritos jamás hubieran llegado a integrarlo.
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Acisclo ha insistido en que los fallos judiciales se acatan y punto. Uno puede estar en desacuerdo con ellos, dice el jurista, columnista y embajador ante la Gran Bretaña, pero no se puede ir más allá de expresar ese desacuerdo y someterse al imperio de la ley, nos guste o no el resultado de un proceso. Evidentemente tampoco en esto le hicieron caso al asesor que inicialmente aconsejó proceder sin divorcio porque la prohibición no pesaba para cónyuges y luego aconsejó confianza porque ya divorciados Colom no tenía esposa sobre la cual pudiera pesar impedimento alguno.
No hace falta ser gurú ni llevárselas de adivino para decir que el no reconocimiento del proceso electoral significa apostar a la ruptura del orden constitucional, pero esta vez con el aval de la poderosa Organización de Estados Americanos, porque se alegará que fueron las autoridades electorales y las Cortes las que dieron un golpe de Estado al no reconocer la candidatura de la esposa del Presidente y en ese esfuerzo es pieza clave el señor Insulza que ha dejado bien claro su papel y su inclinación a ayudar a los señores Colom.
Por ello es de esperar que la Corte de Constitucionalidad, cuando emita su fallo final, lo haga abundando en las razones legales para que hasta un ciego como Insulza pueda entender, afuera y adentro de Guatemala, que es simplemente una decisión basada en nuestro ordenamiento legal.
Hace algunos días en un comentario enviado a la página electrónica de La Hora, el señor Guillermo Castañeda Lee decía que la idea de un cuartelazo contra Colom no era descabellada porque si él dejaba de ser Presidente, habría que convocar a nuevas elecciones y que en ese marco podría darse la participación de la señora Torres en comicios a celebrarse posiblemente a principios del año entrante. El anuncio del desconocimiento no sólo del proceso sino de cualquier autoridad que resultara electa en el mismo, viene a poner la mesa en esa dirección que me pareció exagerada cuando la leí entre los comentarios que se envían a nuestra página web.
La ley es la ley, suele decir Acisclo también en sus artículos y en el caso presente, aunque él tenga una interpretación distinta, resulta que en tres instancias distintos colegas suyos han sostenido puntos de vista totalmente distintos y consideran que el impedimento constitucional existe.
Ante la certeza de que Insulza y la Organización de Estados Americanos han de jugar un papel fundamental en esta crisis política, es importante que la Corte de Constitucionalidad redacte su resolución casi como si fuera para explicar a niños pequeños el significado del texto constitucional, puesto que es obvio que el Secretario General de la OEA necesita entender lo que dice nuestra legislación para no incurrir en acciones descabelladas.
Importante es preguntarse cuál es la postura, si es que la tiene, del Presidente de la República ante el nuevo giro de los acontecimientos, puesto que él está llamado a cumplir la Constitución de la República que establece las funciones del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Tiene la opción de ejercer su mandato o abdicar por alguna vía.