A propósito del asesinato atribuido a varios agentes de la Policía Nacional Civil y cometido contra cinco jóvenes de El Gallito, un despacho de la agencia IPS señala que las políticas represivas que se han aplicado en El Salvador contra las pandillas juveniles, el narcotráfico y la delincuencia en general, no han logrado los propósitos que perseguía el gobierno de Arena, entre otras razones porque sólo se atacan los efectos de las desigualdades sociales y económicas, sin enfrentar las raíces que, entre otras consecuencias, propician la actividad criminal de adolescentes y jóvenes que no pueden satisfacer sus naturales necesidades de alimentación, techo, educación y salud.
Pero no es sólo en El Salvador donde han fracasado los mecanismos de refrenamiento a la delincuencia que han bautizado con nombres de mano dura y mano superdura, mediante el uso de la violencia aplicada por policías civiles y elementos castrenses, porque igual suerte ha corrido la estrategia del gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón, al sacar a la calle al Ejército para que realice actividades policiales, con el agravante de que se han infringido sistemáticamente los derechos humanos, mediante allanamientos y detenciones injustificadas, robos, torturas, violaciones de mujeres y niñas y asesinatos cometidos por soldados bajo el efecto de drogas.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), José Luis Soberanes, al presentar un informe sobre la materia, dio a conocer detalladamente algunos de esos delitos cometidos por militares durante los últimos meses, informe que fue calificado como una pincelada de la realidad, por Fabián Sánchez, director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien critica a Soberanes porque sus protestas son tardías.
Como ocurre en Guatemala, ante el creciente poder y violencia de los narcotraficantes, que rebasa la capacidad de una policía marcada por la falta de preparación y la corrupción, el gobierno del conservador Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles, para enfrentar a los grupos delincuenciales, como ya lo había hecho su antecesor, Vicente Fox, pero ahora con más amplitud.
Sin embargo, Sánchez advierte que los militares no están preparados para ser policías, porque los soldados van al combate y no esperan órdenes judiciales para actuar, y precisamente por eso es que cometen tanto atropello contra los civiles.
El informe de la CNDH menciona cuatro casos paradigmáticos que involucran directamente a los militares. Uno de esos casos ocurrió en mayo pasado, cuando varios miembros del Ejército mexicano llegaron a una zona rural del Estado de Michoacán, después de que cinco de sus compañeros cayeron muertos en una emboscada montada por narcotraficantes. Con la justificación de que buscaban a los culpables, los soldados golpearon y torturaron a un grupo de personas, allanaron casas sin orden judicial y violaron a cuatro mujeres menores de edad.
Otro caso que dio a conocer la CNDH, se refiere al asesinato de tres niños y dos mujeres que un día del mes de junio anterior, viajaban en una camioneta familiar por una zona rural de Sinaloa, un estado con importante presencia de narcotraficantes. Las víctimas murieron por los disparos de los soldados. Posteriormente se supo que algunos de los 19 militares que ejecutaron el ataque habían consumido mariguana y uno de ellos cocaína.
Mientras que legisladores y grupos humanitarios demandan al presidente Calderón que el Ejército no siga combatiendo al narcotráfico, a causa de atropellos y abusos contra la población, gobernadores de varios estados piden todo lo contrario, y, como también acontece en Guatemala, las encuestas que se han levantado al respecto en México, indican que la mayoría de los consultados apoyan los operativos militares contra el tráfico de droga, haciendo caso omiso de los abusos a la población civil y a la flagrante y constante violación a los derechos humanos de personas ajenas a las bandas de delincuentes.
Mientras tanto, en Honduras y El Salvador, y más específicamente en este último país, la política de supermano dura impuesta contra las maras y la delincuencia en general por el presidente Antonio Saca ha sido un ostensible fracaso, porque, para caer en la redundancia, sólo ataca los efectos, pero no las causas de las actividades criminales.
(Romualdo Maras, padre de un delincuente juvenil desaparecido recientemente, toma el teléfono y pregunta: ?Alóoo, disculpe, ¿hablo a la Comisaría 11? Una voz ronca responde: ?No, señor, aquí no tenemos teléfono).