A principios de abril afloró en Washington un escándalo provocado por el entonces presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, quien incrementó exageradamente el sueldo de su ’novia’, Shasha Riza, quien recibía sueldo de ese organismo internacional, pero se desempeñaba como experta en Medio Oriente de una compañía que brinda servicios de inteligencia al Pentágono.
Pese a las múltiples críticas de diferentes grupos y personalidades, Wolfowitz se resistía a renunciar, especialmente porque contaba con el apoyo del presidente norteamericano George W. Bush, de cuyo gobierno había sido subsecretario de Defensa, pero finalmente salió por la puerta trasera.
Traigo a cuenta lo anterior porque según un despacho de IPS Noticias, la ONU y el Banco Mundial han emprendido una campaña encaminada a evitar que políticos que se encuentren o arriben al poder persistan en actos de corrupción. La intención es bien recibida, siempre y cuando el mismo Banco Mundial elimine de su nómina al personal de confianza de Wolfowitz, porque no faltarán funcionarios que, como el ex presidente del BM, son severos críticos del tráfico de influencias y la corrupción en el Tercer Mundo; pero se hacen de la vista gorda ante acciones ilícitas de sus colegas.
Las estafas, el contrabando, la evasión de impuestos y otras prácticas deshonestas cometidas por gobernantes de países en vías de desarrollo les representa pérdidas por entre mil millones y mil 600 millones de dólares anualmente, ante la frustración del Banco Mundial y de la ONU para combatir la corrupción, a causa de escándalos que incluyeron acusaciones de fraude y nepotismo en esos dos organismos, como el caso de Wolfowitz.
Sin embargo, ahora el BM ha actualizado la iniciativa tendiente a que los parlamentos de todos los países miembros de aquellas dos instituciones internacionales ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmado desde 2003, para evitar que continúe el saqueo del erario público de los países subdesarrollados.
Aunque no se dan a conocer datos acerca de los recursos desviados criminalmente por presidentes de Centroamérica, menos los nombres de los gobernantes de Guatemala que se enriquecieron ilícitamente, se citan ejemplos como el caso del dictador Suharto, de Indonesia, quien malversó entre 15 mil y 35 mil millones de dólares; mientras que cada año ífrica pierde 148 mil millones de dólares, a causa de la generalizada corrupción.
El nuevo gobierno que se instalará en Guatemala, en enero próximo, deberá investigar las denuncias de corrupción del actual régimen, someterse a procedimientos de fiscalización y dispuesto a iniciar un período de transparencia y honestidad del gasto público, como lo plantean el BM y la ONU y lo exigen todos los sectores de la sociedad guatemalteca.
(La esposa del experto Romualdo Jorowitz, contratado por el BM para trabajar en un país centroamericano, le comenta: -Yo siempre le pedí a Dios que me llevara con él antes de volverme vieja. El tecnócrata replica: -¿Y por qué cambiaste de idea?).