En efecto y de manera muy gráfica hay que decir que, por ejemplo, cuando se nos dice que el paí­s es una ví­a libre para el trasiego de drogas y que las autoridades ni se enteran ni hacen esfuerzo alguno por controlar el problema, estamos admitiendo que hay una pérdida de soberaní­a importante y que existen condiciones de debilidad del Estado que comprometen la capacidad de actuar soberanamente en el mismo territorio nacional porque hay sitios en los que es imposible que la fuerza pública pueda entrar porque están bajo el control de los grupos criminales.

Un paí­s, por ejemplo, que no puede ejercer control de las mercancí­as que entran o salen de su territorio porque dejó que las aduanas fueran coto de grupos de criminales, no puede considerarse soberano en el sentido cabal del término. Un paí­s que ve cómo circula impunemente la cantidad de droga que los narcotraficantes quieran pasar por su territorio sin capacidad de detener siquiera un mí­sero cargamento, no puede vanagloriarse del ejercicio de su soberaní­a.

Y por ello es importante el criterio de Castresana, puesto que viene a explicar con detalle hasta qué punto el paí­s ha comprometido su soberaní­a al permitir el deterioro de las instituciones y que las mismas fueran copadas por el crimen organizado como ha ocurrido en Guatemala. Es indispensable, entonces, que utilicemos el apoyo que brindará CICIG para preparar a nuestros cuerpos de investigación y para dar los primeros pasos en la lucha contra esas mafias que ejercen un control prácticamente absoluto del Estado y cuyo poder es mucho más grande de lo que el común de los ciudadanos piensa.

Por supuesto que hay muchos que sí­ entienden perfectamente cuál es ese poder y cuáles son sus alcances pero están interesados en defenderlos. Unos de ellos lo hacen simplemente porque creen que es preciso seguir debilitando al Estado, minándolo a toda costa, para que sus limitaciones permitan la propagación de ese neoanarquismo que pregonan los liberales de hoy. No es casual que los detractores de la CICIG sean quienes han querido ver de rodillas al Estado, quienes odian con todas sus fuerzas aquello que huela a sector público y que entienden a la perfección que no hay mejor forma de destruir al Estado que permitiendo que el crimen organizado controle a sus instituciones.

Cuando uno entiende el daño que significa para un paí­s que no tenga la capacidad elemental de siquiera aplicar la ley y administrar la justicia para evitar la impunidad, se da cuenta que estamos frente a la crisis absoluta de la soberaní­a porque no puede ser soberano un Estado que no tiene esa fuerza ni competencia. Y, repito, eso lo entienden perfectamente los enemigos de lo que huela a Estado y por ello no es extraño que los mejores aliados del crimen organizado en estas circunstancias sean los que promueven la reducción de lo público en beneficio de los intereses privados.