Los encuestadores sostienen que su trabajo simplemente mide el comportamiento de los ciudadanos en un momento determinado y que el producto es una especie de fotografía de ese momento, restando importancia a los argumentos que señalan que ese tipo de mediciones pueden tener influencias decisivas en el comportamiento del conjunto de electores. Y en realidad ambas posturas tienen fundamento porque por un lado, es cierto que una encuesta sobre las tendencias políticas, bien hecha, es apenas un instrumento para medir cuál es la actitud de los ciudadanos en la fecha en que se hizo la medición de cara a las propuestas que ha recibido.
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Pero si tomamos en cuenta otros factores veremos que las encuestas sí influyen y de manera decisiva. Baste decir que en Guatemala, por la proliferación de candidatos, son las encuestas el instrumento que utilizan los organizadores de los foros para decidir quién de los aspirantes tiene derecho a ser invitado y quién debe quedar al margen. Bastaría esa única circunstancia para reconocer que hay una desmedida influencia de las encuestas y, por lo tanto, las mismas no se pueden realizar a la libre, al gusto del cliente, sino que debieran regularse y los encuestadores tendrían, por lo menos, que proporcionar a las autoridades electorales la metodología de su estudio para que el mismo tenga un aval que permita su difusión como encuesta objetiva.
No digamos si se agrega que las encuestas son determinantes para que los candidatos puedan realizar sus campañas para recolectar fondos. Esos aportes no tienen fundamento filantrópico sino que son una inversión. Quien da dinero para una campaña lo espera recuperar de una u otra forma y con creces, por lo que sólo se invierte en quienes las encuestas presentan como candidatos con probabilidades y ello crea un círculo vicioso, puesto que siendo el dinero el gran factor de nuestra política, lo tienen los que puntean en encuestas pero no puede puntear nadie más ni crecer de manera importante, si no tiene dinero.
Si a eso sumamos que se pueden generar sensaciones artificiales influidas por el manejo malicioso de alguna encuesta con la intención de inflar a una figura y desinflar a otras, entenderemos que el tema es y debe ser objeto de mayor análisis porque cada día es más importante el resultado de los estudios de opinión y mayores, en consecuencia, las tentaciones que hay para que sus resultados puedan ser adulterados. Los encuestadores, como muchos profesionales, trabajan para obtener utilidades y su esfuerzo se traduce en ganancias para la empresa que realiza la encuesta. Simple y sencillamente esa es la principal motivación de los encuestadores, quienes tampoco son filántropos que andan haciendo el favor a los ciudadanos de hacer mediciones para tenerlos «informados». Y ya sabemos que en el ánimo de lucro hay de todo y tampoco entre los encuestadores hay muchos que aguanten aquellos cañonazos de los que hablaba Cárdenas cuando decía que no hay general que aguante un cañonazo de varios miles de pesos.
Creer lo otro, es decir la absoluta transparencia e inmaculada intención de quienes hacen y publican encuestas, es caer un poco o mucho de pendejo. Por ello pienso que es preciso que los políticos entiendan que si hoy son beneficiados por una encuesta poco transparente, mañana pueden ser víctimas de los mismos encuestadores y acaso ello les haga legislar para poner fin a esa falta de regulación en un tema que, repito, es crucial y decisivo en la política nacional.