Cuando una sociedad está corrompida como la nuestra, porque los valores y principios llevan rato de haberse tirado al cesto de la basura y la credibilidad de los políticos se perdió hace ya bastante tiempo, urge legislar para evitar que estos últimos sigan haciendo de las suyas, burlando los principios básicos de la democracia. Cuando la Asamblea Nacional promulgó la vigente Constitución de la República creyó en la casta política de aquel entonces, mucha de ella, todavía enquistada en cargos públicos de elección popular para satisfacer sus intereses y de ahí, la burla que hacen reeligiéndose a su sabor y antojo y ¡vaya que la prohibición no le fue quitada a los cargos de presidente y vicepresidente!, porque a estas alturas la población estuviera lamentando el desatino.
Y es que en 1985 todo el mundo confió en los cantos de forjar carreras políticas legislativas con legítimos representantes del pueblo, talvez por los buenos recuerdos dejados por aquellos que a base de hidalguía, valor, tenacidad y preparación desempeñaron el cargo de diputados con el parangón de ser Padres de la Patria, entre otros, Clemente Marroquín Rojas, José García Bauer, Jorge Adán Serrano, Eduardo Cáceres Lehnnhoff y tantos más que no sólo merecieron el honor de haber sido electos con que todos hubiéramos salido ganando de haber sido reelegidos.
Mucho se dijo entonces que al alcalde que hubiese hecho méritos suficientes también debía permitírsele continuar en el desempeño del mismo, pero ¿alguien pensó que en poco tiempo iban a surgir aquellos que aún teniendo asida la vara edilicia la aprovecharían para hacer proselitismo a su favor, jardinizando, pintando con sus colores partidarios los bordillos y cuanto objeto se les pusiera enfrente, con el dinero que la misma población aporta en sus tasas, impuestos y contribuciones?
No se puede ningunear el hecho que han habido funcionarios y diputados con méritos suficientes para ser reelectos, pero eso no quita que la gran mayoría, además de haber sido deficientes y hasta incapaces, han llegado a ser fehacientemente transgresores de la ley, menos para los tribunales de justicia aparte que su comportamiento ha sido tan deleznable, al punto de utilizar el tiempo en que debieran estar imbuidos en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones sólo lo están en viajes, negocios particulares y pasarla bien. Con esto más, que ciudadano se le sigue vedando la libertad de elegir al candidato de sus simpatías, ya que la amañada ley electoral lo obliga a hacerlo sólo por la planilla postulada por un partido político, cuyas mejores posiciones, como a todos nos consta, hasta se mercadean y venden al mejor postor. De ahí mi postura inclaudicable por librar férrea lucha hasta eliminar totalmente la reelección en Guatemala. No puedo dejar de lado aquel principio, una y mil veces probado, que dice: todos somos necesarios, pero nadie es indispensable.