Alberto Gonzales fue, junto a Karl Rove, una pieza clave en la administración de George Bush, sobre todo para dar soporte a la línea dispuesta por el mismo Presidente, su Vicepresidente, su primer Secretario de Defensa y la entonces encargada del Consejo Nacional de Seguridad. Fueron los días posteriores a la tragedia del 11 de Septiembre cuando este equipo definió lo que sería el papel característico de la administración, quedando a cargo de Gonzales y Rove el impulso a las acciones concretas que deberían de realizarse, especialmente, en el plano interno para consolidar la política de la Casa Blanca, asegurar la reelección y dar fundamento legal al régimen policial para enfrentar al terrorismo.
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Hoy se supo que el viernes pasado Alberto Gonzales presentó su renuncia a Bush por considerar que el desgaste que le significó el cuestionamiento público y en el Congreso minó su capacidad de actuar eficazmente como Fiscal General y Secretario de Justicia. Según la crónica de media mañana del New York Times, Gonzales partió el fin de semana a Texas junto a su esposa y fue ayer cuando, a la hora del almuerzo, el Presidente se decidió a aceptar su dimisión lo cual hizo, según el rotativo, con gran pesar.
La renuncia de Gonzales tiene que ser vista desde la perspectiva de lo que significó su paso por la Secretaría de Justicia, puesto que uno de los pilares fundamentales del sistema norteamericano, casi como el fundamento de lo que ellos llaman el estilo de vida americano, ha sido el respeto irrestricto a las leyes y, sobre todo, a los derechos civiles. La Constitución norteamericana es una maravilla en cuanto a sencillez para establecer un muy balanceado sistema político en el que la rama Ejecutiva está sometida a controles que le impiden abusar de los ciudadanos y los fundadores tuvieron especial cuidado en proteger al individuo. Cierto es que hubo que hacer mucho para que esa protección fuera universal, toda vez que inicialmente no alcanzaba a los esclavos y posteriormente se regateó de hecho a la población negra, sobre todo en los estados del Sur. Pero después de los años 60 y de lo que significó la poco aquilatada administración de Lyndon Johnson, la cobertura absoluta de los derechos civiles ha sido posiblemente el elemento más valioso de toda esa forma de vivir en el marco de la ley que es característica de Estados Unidos.
Las actitudes atrabiliarias de Richard Nixon obligaron al Congreso a profundizar el sistema de pesos y contrapesos para limitar el poder ejecutivo e impedir que pudiera burlar las garantías de protección al individuo. Pero todo ese notable andamiaje construido a partir de la misma independencia y de la Constitución, fue seriamente comprometido por las políticas que en el marco de la guerra contra el terrorismo adoptó esta administración teniendo como principal consejero legal cabalmente a Alberto Gonzales, quien primero desde su puesto de asesor legal de la Casa Blanca y luego como Secretario de Justicia, elaboró los documentos que justificaron las acciones de la administración para vulnerar garantías que se consideraban sagradas para la protección de la persona.
Al final la salida de Gonzales tiene que ver con la forma en que usó su poder para destituir fiscales que discrepaban de la férrea y arbitraria política del gobierno. No fue por haber violado los derechos civiles, sino por usar su poder para remover a quienes no eran políticamente afines a la Casa Blanca, pero con el tiempo se verá que su error fue mucho más grave que el que provocó la investigación del Congreso, porque fue el hombre que hizo retroceder seriamente el concepto de los derechos civiles.