No hace muchos días que el Gobierno de la República, como siempre de espaldas a las miserias y lacras de nuestra vergonzante historia de país colonial o semicolonial, hizo un intento por celebrar en grande el primer centenario de la iniciación de la actividad minera en el país. ¿Acaso la minería en Guatemala ha sido en esos 100 años, alguna vez beneficiosa al país? Reto respetuosamente, pero con énfasis al Presidente de la República, al Vicepresidente, al Ministro de Energía y Minas y al Ministro de Ambiente y Recursos Naturales que rebatan con verdades comprobadas los señalamientos y afirmaciones que haré en este artículo respecto a la explotación de minerales y metales en Guatemala.
El doctor Eduardo Stein, vicepresidente de la República, en edición del 5/ 7/ 07 del Diario de Centro América, escribió:
«Las posibilidades de la explotación minera y energética en Guatemala son enormes y constituyen un vínculo importante para erradicar la pobreza, generar producción, ingresos fiscales y empleo, que en la mejora de las condiciones de vida de los guatemaltecos».
En este escrito no me ocuparé de la explotación energética, sino sólo a la minera.
Es necesario aclarar que la Guatemala de la década de 1944 a 1954 es muy distinta a la Guatemala de 1954 hasta el día de hoy. En los diez años de la Revolución del 20 de Octubre de 1944 no se otorgó ninguna licencia de explotación de metales en condiciones lesivas al país, en tanto que en las décadas, a partir de julio de 1954 ha ocurrido todo lo contrario.
En esta oportunidad sólo citaré un caso: el de Exmibal, porque fue con esta empresa transnacional con la cual, desde los últimos años de la décadas de los 50 del siglo pasado, se iniciaron las gestiones para permitirles la explotación del níquel en el departamento de Izabal. En 1955 se emitió el Decreto 272, redactado ?como dice el economista Rafael Piedrasanta en Exmibal Contra Guatemala, 2ª. Edición IIES, 1979?, «a la medida de los intereses de la Hanna Mining Co. A esta, le apoyó International Nickel Co. (INCO) y lograron que el Gobierno de Ydígoras Fuentes garantizara ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo a favor de Exmibal, contando para ello con la colaboración del Banco de Guatemala (Banguat).
Es de toda justicia excluir de esos funcionarios malinchistas al economista Valentín Solórzano, que emitió dictamen desfavorable a esas operaciones, basándose en que: 1) La Exmibal contrataría «escasa mano de obra», 2) En que al regalía para el Estado, entre 1.5% a 6.%, era lesiva al país y que debiera ser entre 30% y 40% de su utilidad recta. (OJO: cómo iremos de mal en Guatemala, que ahora Berger-Stein se han conformado con el 1% y, muy presionados por el descontento ciudadano, piden, apenas, el 3% ¿Será porque el señor presidente Berger y familiares suyos son accionistas de la Transnacional Montana). Por supuesto que ninguna atención mereció la propuesta de Solórzano y Exmibal obtuvo todo lo que quiso.
En las postrimerías de los años 60 del siglo XX, gracias a un alto funcionario del Banco de Guatemala, pero patriota, tuve conocimiento de las interioridades de la concesión a la Exmibal y, obligado por mi deber de legítimo ciudadano, me pareció que debía denunciar al país las muy dañinas condiciones en que se estaba otorgando a dicha empresa la explotación de los recursos niquelíferos del nororiente del país. No vacilé en recurrir a LA HORA -Tribuna, no Mostrador- e inmediatamente el licenciado Clemente Marroquín Rojas y su hijo í“scar me atendieron y tanto en La Hora como en el diario Impacto, se dio a conocer al pueblo las en extremo lesivas condiciones de la economía nacional de tal explotación minera.
Como amplios sectores de la sociedad respaldaron el movimiento ciudadano que exigía la declaratoria de lesividad, la Exmibal contando con la colaboración de los escuadrones de la muerte organizados por el Ejército Nacional y con las autoridades de gobierno, puso en ejecución un plan de exterminio de la dirigencia de ese movimiento en protección de nuestros recursos naturales no renovables y de los intereses del Estado de Guatemala. Así fue asesinado el licenciado Julio Camey Herrera que libraba la lucha en el Colegio de Abogados, el siguiente turno me lo habían asignado, pero los cinco proyectiles que atravesaron mi cuerpo no pudieron quitarme la vida, pero sí recluirme en un hospital del IGSS durante cinco meses y, desterrarme por 25 años; el tercero fue el doctor Adolfo Mijangos, quien era diputado al Congreso de la República y en ese recinto demandaba la nulidad de la concesión a Exmibal y, a pesar de su invalidez motriz fue ultimado cobardemente. El ya mencionado ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Rafael Piedrasanta Arandi, quien ya era perseguido, logró pasar a la clandestinidad por poco tiempo y, para salvar su vida tuvo que exiliarse.
De esos sucesos a la presente fecha han transcurrido 36 años y Exmibal, después de una decena de años de haberse ido del país porque se le dio la gana, sin que ningún Gobierno le exigiese rendir cuentas de sus operaciones, ha vuelto y continúa funcionando en mejores condiciones a sus intereses.
Reitero a los funcionarios que identifiqué al principio de este escrito que informen cuáles beneficios ha recibido Guatemala de la explotación del níquel, pues los daños ocasionados en El Estor y otros lugares de Izabal son ostensibles.
En particular al señor Eduardo Stein le pido que demuestre, si como él lo afirma, que la minería en más de tres décadas ha erradicado la pobreza, generado producción, ingresos fiscales y empleo.
Seguro estoy de que no podrán hacerlo, ni Berger ni él, pues si cierto es que no les ha faltado magín de hechiceros para disfrazar y maquillar la verdad, también lo es que su investidura de Magos de Jauja no es porque Guatemala sea un país como Jauja, sino como sumisos titiriteros del Tío Sam realizaron el maleficio a Guatemala, al brindársela como Jauja a Exmibal.