Dependiendo de la perspectiva y motivación con que se vean los hechos y las cosas, se puede considerar que el Tribunal Supremo Electoral, las juntas electorales han o no cumplido con la enorme responsabilidad que implica un proceso eleccionario dentro del sistema democrático.
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Quienes recuerdan el TSE que presidiera Arturo Herbruger Asturias, en el inicio de la etapa democrática de Guatemala, reconocen que él fue, sin duda alguna, el mejor presidente que haya tenido esa institución.
Los subsiguientes tribunales electorales poco a poco han ido perdiendo prestigio, aunque hayan realizado y regulado los procesos electorales con mayor o menor apego a la ley. La elección de 1995 con la caída del sistema eléctrico en el momento más crítico dejó un manchón que no puede, ni ha podido explicarse, aún cuando exista el fuerte rumor que la rama, como ya lo he dicho en otras oportunidades, no fue de un árbol sino de la solapa de un poderoso General. En todo caso, los fiscales partidarios, observadores de la OEA y otros ya habrán previsto esa nefasta posibilidad.
El actual proceso electoral ha gozado de más del triple de los recursos que cualquier otro proceso, no podría darse ninguna justificación que el TSE no ha tenido los medios económicos disponibles que le permitan un adecuado proceder, la confianza que ha inspirado es deficiente, muy deficiente, no se ha obtenido y conocido el padrón electoral, tampoco está claro en qué lugares habrá centros electorales, cuántas mesas con exactitud se encontrarán y cuál es el padrón numérico que integra cada mesa. Vista la poca eficiencia demostrada, es preocupante que a seis semanas aproximadamente del evento eleccionario esto no esté determinado e informado.
El día de la elección de la primera vuelta es el más caro. Son miles de miles de quetzales los que se tienen que invertir en cada municipio en el transporte de los votantes de su área domiciliaria a los centros de votación. Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz son carísimos, ya no digamos lo que significa el transporte en el distrito central y los municipios de Guatemala.
El Tribunal Supremo Electoral debería de prever que nadie contrate y peor aún inmovilice buena parte del transporte público como ya sucedió en la elección de 1999, debe recordarse que la Avenida Simeón Cañas estaba llena de autobuses del transporte público inmovilizados, igualmente se encontraba una concentración de autobuses en las inmediaciones de la Iglesia Elim, zona 7, sólo para citar dos ejemplos. El Tribunal debe velar que no se afecte la locomoción para impedir el ejercicio del voto de algún ciudadano o grupo de ciudadanos.
Otro aspecto sumamente importante que no se conoce suficiente y adecuadamente es el origen de los fondos de campaña, la auditoría del gasto que los diferentes partidos políticos han hecho hasta la fecha, ni mucho menos existe una proyección de los que harán en las próximas seis semanas.
El Tribunal Supremo Electoral es determinante en el control de los ingresos, inversión y techo de la misma, es tan evidente la desproporción del gasto que en vallas, láminas y afiches en el territorio nacional ha utilizado un partido versus los demás, que podría perfectamente impugnarse cualquier resultado de las elecciones por considerarse que las mismas fueron viciadas y el vicio es tan grande que anula el resultado porque el dinero y el gasto ilícito también convierte en ilícita la elección. La responsabilidad de evitar y fiscalizar estos vicios es del TSE.