«Un «no» rotundo al matrimonio de homosexuales; eso sería el fin de la Nación».
Eduardo Suger, rector de la Universidad Galileo y candidato presidencial.
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A través de un foro donde participaron varios candidatos y candidatas a la presidencia de la República, la Alianza Evangélica de Guatemala y el Colegio Apostólico se curaron en salud al haber obtenido la promesa de las y los panelistas de no apoyar bajo ningún motivo la unión legal entre personas del mismo sexo.
Hace varios meses, se presentó una lista con miles de firmas de fieles evangélicos en donde exigieron a los diputados al Congreso de la República que evitaran discutir cualquier iniciativa que modificara la concepción del matrimonio, autorizado únicamente entre personas de diferente sexo.
Algunos de los temas que los candidatos deben discutir para lograr más votos parecen desfasados de la realidad guatemalteca. Hasta el momento, ninguna de las agrupaciones políticas representadas en el Legislativo han presentado algún tipo de propuesta que garantice los derechos civiles para toda la población, es decir, desde las autoridades del Estado no se impulsa el matrimonio entre homosexuales.
Es más, ninguna organización civil que vela por el ejercicio libre de los derechos sexuales ha exigido este tipo de reconocimiento.
El representante de la Alianza Evangélica de Guatemala aseguró que conocer la postura de las y los presidenciables sobre este tema, ayudaría a unos cuatro millones de ciudadanas y ciudadanos creyentes a decidir su voto.
Esta es una de las muestras de las debilidades de las diferentes instituciones sociales para contribuir a la construcción y el ejercicio de la ciudadanía.
De acuerdo con los últimos informes oficiales y de organizaciones sociales, nuestro Estado se encuentra en situación de crisis. La red hospitalaria está en riesgo porque se ha ejecutado más del 80% del presupuesto para la atención de la población. Cada día mueren 17 personas por la violencia que impera en el país, más de 2 mil mujeres han sido asesinadas durante los últimos años y el nivel de impunidad se encuentra en un 95%. Guatemala es el segundo país de Latinoamérica con los más altos niveles de desigualdad y somos el primero en los índices de desnutrición crónica infantil. El precio de la canasta básica es mayor que el salario mínimo y el servicio educativo no es impartido a toda la población.
Estos, podrían ser algunos de los problemas que debería interesar a las iglesias evangélicas para garantizarle una vida digna a sus feligreses.
Muchos son las carencias materiales que enfrenta la población como para querer abordar una discusión sobre la diversidad sexual. Países como Argentina y lugares como el Distrito Federal de México han dado pasos agigantados en el tema. En Guatemala llegará el momento de exigir los derechos civiles sin importar la preferencia. ¿Cuál es el interés de prevenir cambios sociales cuando lo urgente es impulsar modificaciones en la estructura económica para beneficio de toda la población?
El reconocimiento social y legal de la diversidad sexual deberá abordarse. Esperemos que la discusión sea impulsada bajo el criterio de los Derechos Humanos.