La igualdad para todas las personas, garantizada en la Constitución Polí­tica de la República, no se constituye en una realidad para la población guatemalteca. El Gobierno ha celebrado los resultados del crecimiento económico durante el año pasado, que se estimó en un 4.9 por ciento; para el 2007 se prevé que el Producto Interno Bruto crezca en un 5.2 por ciento.

Sin embargo, estos datos no significan un desarrollo social y económico para la mayorí­a de la población, ni reflejan mejoras en el acceso a los servicios básicos. Según datos del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS) el 20 por ciento de la población con mayores ingresos concentra el 61 por ciento del ingreso productivo, mientras el 20 por ciento más pobre alcanza apenas el 2.4 por ciento.

Luego de Brasil, Guatemala es el segundo paí­s latinoamericano que presenta mayor desigualdad económica, originada por la alta concentración de la riqueza. Mientras mostramos el mayor í­ndice de aviones privados per cápita de la región, también nos hemos colocado como los primeros en casos de desnutrición crónica infantil, un mal que provoca la muerte de al menos 45 niños y niñas por dí­a.

Diversos sectores sociales han cuestionado las polí­ticas implementadas durante los últimos gobiernos para frenar esta situación. A través de la liberalización del mercado y del debilitamiento del Estado, son menos las oportunidades que tienen las personas para desarrollarse y llevar una vida digna.

El problema existe desde hace varios años, pero las autoridades del Estado no han querido ponerle la atención suficiente. El informe de Desarrollo Humano y Pacto Fiscal de 2005, presentado por el sistema de Naciones Unidas, aseguró que la exclusión y la desigualdad en Guatemala son de carácter histórico, y han afectado principalmente a los pueblos indí­genas, a las mujeres y la población del área rural, grupos relegados de los beneficios de la actividad productiva.

De esta manera, la riqueza, la propiedad y la tenencia de la tierra se encuentra concentrada en pocas manos. Los informes de desarrollo dan cuenta que actualmente el 57 por ciento de la población guatemalteca vive en situación de pobreza, es decir, unas 6 millones de personas. La pobreza extrema alcanza a un 27 por ciento de esta población, que sobrevive con menos de 16 quetzales diarios.

La desigualdad no se reducirá solamente con la generación de riqueza y la atracción de la inversión, como proponen los principales grupos de poder. A nuestro sector empresarial el dinero no se le cae de las manos para quienes más lo necesitan.

Mientras se logra un cambio en la estructura económica del paí­s, es necesario impulsar una redistribución de la riqueza y de las oportunidades. Uno de los caminos para lograr este objetivo ha sido presentado por el COS: una polí­tica fiscal que obligue tributar más a quien más tiene.