Contemplada como un derecho fundamental para todas las personas sin discriminación alguna, el goce de la salud se encuentra garantizado en la Constitución Polí­tica de la República. «El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes? a fin de procurarles el más completo bienestar fí­sico, mental y social», agrega la Carta Magna.

Recientemente, el Observatorio del Gasto Social, integrado por el Centro Internacional de Investigaciones para Derechos Humanos (CIIDF) y la Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP), presentó el informe sobre la ejecución del presupuesto de la nación durante el primer semestre de 2007.

A pesar que en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se contempla una ejecución del presupuesto de un 46.5 por ciento, la situación actual de la red hospitalaria se encuentra en grave peligro de enfrentar una nueva crisis.

No se trata de ninguna profecí­a o premonición, sino de hechos reales provocados por las prioridades de nuestro actual gobierno. Para algunos hospitales las arcas se encuentran casi vací­as y poco les queda para brindar atención a la población en consulta externa, emergencia y hospitalización.

De acuerdo con el Observatorio del Gasto Social, los centros asistenciales de Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu, San Pedro Necta, Jutiapa y Quetzaltenango, reportaron una ejecución mayor al 90 por ciento para cubrir los servicios.

El año pasado, un paro de labores de los médicos residentes colocó en la mesa de discusión la precariedad de nuestro sistema de salud. Debilitado por la falta de presupuesto y programas de medicina preventiva, la población guatemalteca se encuentra destinada a morir por cualquier tipo de enfermedad.

¿Qué ha motivado a los diferentes gobiernos, y principalmente al actual, a colocar en tal situación a la red hospitalaria del paí­s?

Algunos sectores sociales señalan un debilitamiento impulsado desde el Gobierno para lograr la privatización del servicio. Sin embargo, no es necesario un proceso de venta de los hospitales para considerar al derecho a la salud como una mercancí­a.

El debilitamiento del Estado impulsado desde los sectores conservadores y empresariales del paí­s ha tenido un impacto serio en el sector salud. Actualmente, sólo quienes poseen los recursos económicos necesarios pueden tener acceso a una atención digna, a medicamentos y a tratamientos especiales.

Las polí­ticas de este Gobierno no propiciaron la construcción de una sociedad conformada por ciudadanas y ciudadanos, sino que impulsaron la creación de un gran mercado, en donde los derechos no se exigen ni se ejercen, sólo pueden comprarse.