En medio del desconcertante ruido de los partidos políticos y de las carreras de última hora de sus dirigentes para inscribir a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, importantes temas de gran trascendencia social han quedado relegados a un segundo plano.
Uno de esos asuntos es la precaria situación que están afrontando los jubilados del Estado ante lo difícil que está la vida, pues cada día suben y suben los precios, principalmente de los alimentos.
El pasado lunes, un noticiero de la televisión local dio a conocer la información sobre que el poder de compra de la moneda cada vez se va reduciendo en forma significativa. Según esos datos, en la actualidad el valor de un quetzal es de 63 del 100 % del año dos mil. En otras palabras, en siete años el poder adquisitivo de la moneda cayó una tercera parte.
En el caso de los jubilados, el problema se convierte en un callejón sin salida, pues se trata de personas de la tercera edad que dejaron los mejores años de su vida trabajando para las distintas instituciones y dependencias del Estado. Ahora que han llegado a la vejez, afrontan diversas limitaciones. Muchos de ellos ya no pueden movilizarse por su propio esfuerzo pues afrontan problemas de salud.
Desdichadamente, el gobierno del presidente í“scar Berger se olvidó de los jubilados y hay quienes aseguran que algunos altos funcionarios hasta menosprecian verbalmente a los jubilados. Tan sólo ayer en Radio Cadena Sonora, un oyente denunció que en fecha reciente, el vicepresidente Eduardo Stein habría dicho en forma peyorativa que los jubilados son «unos mantenidos».
Cuesta creer que uno de los pocos buenos funcionarios del actual régimen como es el doctor Stein se hubiera referido a dichas personas en forma tan ofensiva. En todo caso, el propio Vicepresidente debería dar una explicación al respecto, pues él es un empleado público cuyo sueldo es pagado con los aportes de todos los ciudadanos incluyendo los de los jubilados.
Pero volviendo al tema central, es un verdadero atropello a los derechos humanos que el régimen de la Gana no se haya preocupado en mejorar las pensiones de los jubilados, aunque fuera en mínima parte, por lo menos para compensar el déficit provocado por el fenómeno inflacionario y la consiguiente pérdida del valor de la moneda.
De acuerdo con disposiciones legales, el Estado debe revisar periódicamente las cuantías asignadas a las jubilaciones, pensiones y montepíos, con mayor razón cuando se producen mejoras en los sueldos de los empleados públicos. Esas mejoras se han hecho en forma solapada. El presidente Berger debería tener presente que un pueblo con hambre es un pueblo sin paz.