El proceso de desclasificación de documentos oficiales, es sin lugar a dudas, un importante aporte que permite esclarecer muchos hechos de relevancia no sólo para la sociedad estadounidense, sino para las propias sociedades (de otros países) en las que se sucedieron los acontecimientos que se develan. La sociedad estadounidense tiene, como toda sociedad, un conjunto de principios que son preciados y valorados por sus integrantes, pues fundamentan el proceso de vinculación entre los individuos que conforman dicha sociedad.
A inicios de esta semana el ex funcionario de la Casa Blanca Lewis Libby, fue condenado por un jurado federal que lo halló culpable de cuatro de las cinco acusaciones de perjurio y obstrucción a la justicia formuladas en marzo pasado. Dos días más tarde, el actual jefe de Washington, George W. Bush, condonó la pena de cárcel (de dos años) impuesta a Libby. Tal acción del gobernante ha desatado una polémica que ha provocado, en principio, según los últimos sondeos, la más baja aceptación de los estadounidenses sobre Bush, (según Newsweek en el orden del 26 %).
Uno de los principios en los que se basa esta sociedad es en el de creer en la firmeza de la palabra. Cuando este principio se incumple se comete perjurio. En nuestra legislación, en el artículo 459 del Código Penal (Decreto 17-73), se expresa que comete perjurio quien, ante autoridad competente, jurare decir verdad y faltare a ella con malicia. La concepción de aquella no dista de la cita de nuestra norma.
«Sus mentiras bloquearon una investigación extremadamente grave», dijo el juez Reggie Walton en la audiencia judicial en la que pronunció la condena, contra Lewis Libby. Las declaraciones del sentenciado, giraron nada más y nada menos entorno al encubrimiento mediante el cual se descartaban como valederas las razones que en 2003, motivaron la intervención contra el régimen de Saddam Hussein. Además se le implicó en la filtración de la identificación de un agente secreto de la Central de Inteligencia (la CIA), Valerie Plame, un delito grave en Estados Unidos.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 a la fecha, paulatinamente se han ido develando una serie de acontecimientos que cada vez colocan en un entredicho creciente al presidente Bush y a su equipo de colaboradores cercanos. Los estadounidenses no han tenido que esperar la desclasificación de documentos para conocer que de pronto han sido víctimas de una impostura. Mentiras mediante las cuales se han alterado, trastocado y manoseado sus principios y valores. En un año preelectoral, las reacciones de los aspirantes demócratas han azuzado la atmósfera y anticipan, de continuar las revelaciones, una salida por la puerta de atrás del mandatario republicano.
En nuestra sabiduría popular impera aquel adagio que nos dice que la mentira vale hasta que la verdad sale. Allá como aquí, cuando el ejercicio del poder ciega, provoca desatinos que pueden arrastrar a una nación entera a ser víctima de ambiciones desmedidas de unos cuantos en detrimento de la colectividad. La búsqueda de la consolidación de los contrapesos del manejo del poder político es un imperativo allá como lo es aquí.
El necesario compromiso de los medios de comunicación social con respecto a la divulgación de la verdad, sale a luz en este caso que implicó al que en su momento fuera el principal asesor del vicepresidente Dick Cheney. Este y otros hechos nos apuntan a creer que en esta época se están marcando ciertas pautas, que debieran hacer pensar a los gobernantes que el mandato emanado de las urnas no debe ser concebido como un cheque en blanco, para emprender antojadizas empresas al margen de la ley, los principios y los valores que rigen a sus respectivas sociedades.