La relación entre los habitantes de un municipio -casi cualquier municipio- con sus autoridades locales, está atravesando por un momento de solidez, solidez que está en aumento. La aproximación del gobierno local con respecto a sus gobernados en muchos casos genera un ambiente de confianza de éstos con respecto a de sus propias autoridades. Las excepciones son aquellos municipios sobrepoblados en los que la autoridad se atrinchera en una institución tan compleja que llegar a hablar con el alcalde es por demás difícil, sino imposible. Las otras excepciones las constituyen los municipios que, dadas las condiciones de concentración desproporcionada de la capital de nuestro país, se han convertido en lugares de dormitorio.
La administración del municipio, la municipalidad, poco a poco está dejando de ser el lugar de gestiones de registro, para constituirse en un ente, diverso y complejo, que presta varios servicios en adición a los llamados tradicionales: dotación de agua (potable debiera ser), recolección de basura y manejo de mercados. Los servicios van ahora desde el mantenimiento vial a educación, salud y auxilio frente al congestionamiento vehicular cada vez más caótico (aquí hace falta mucho por hacer, pero ya se han dado importantes pasos), también lo relacionado con los recursos naturales y el entorno, entre otras más.
Todo ello es parte de una cultura política que ha implicado mayor interrelación entre los habitantes y autoridades de sus respectivos municipios. Así, en 2003 se postularon a la reelección 205 alcaldes, de ellos, 105 la obtuvieron, (en 1999, buscaron la reelección 227 y la alcanzaron 82). Ahora, aún faltan 25 días para el cierre, estimo habrán de buscar la reelección más de 260 alcaldes. Lo más importante de la reelección de los alcaldes es que casi sin excepción implica una renovación de su propia corporación, lo que hace el ejercicio de gobierno local, más exigente, pese a las críticas que se señalan por los adversarios de la reelección.
El caso de los alcaldes y de sus corporaciones no es similar al de los distritos electorales para la elección de diputados al Congreso. Aquí, como antes apunté, la relación sí es más directa y por lo tanto más exigente. Recordemos que en 2003, de los 10 alcaldes más populares, con una adherencia del 70 % de los votos, 9 fueron reelectos, lo cual indica que hay un evidente reconocimiento a su labor como autoridades públicas locales.
Un reconocimiento municipal que no necesariamente significa que se debe pertenecer a un partido político. Hay notables excepciones al haberse producido, en 2003, otro ejemplo, que los dos alcaldes con mayor respaldo popular eran de comité cívico, uno de ellos con un tercer período consecutivo en dichos comicios.
Prácticamente en cualquier municipio los habitantes por regla general conocen el nombre de su alcalde o alcaldesa, no así el del diputado o diputados del departamento al que pertenece su municipio -con algunas excepciones-, lo cual explica el porqué de esa credibilidad institucional en más del 50% de la población (el 56% de confianza, la más alta dentro de todas las instituciones públicas consultadas).
Como en toda actividad humana, también hay autoridades locales que no necesariamente se apegan a las nuevas exigencias del ejercicio democrático del gobierno municipal. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero es lamentable que tienda a opacarse este advenimiento promisorio del ejercicio del gobierno local por unas poco afortunadas generalizaciones. Finalmente, hay que apuntar que existen otro tipo de debilidades en el procedimiento de conformación de las corporaciones que propician la fragilidad de dicha institucionalidad, además de otras limitaciones, pero eso será materia de otras entregas más adelante. Hasta la próxima. wdelcid@intelnet.net.gt