El haber pagado 200 millones de quetzales de anticipo para ampliar el sistema de agua entubada en Santa Clara La Laguna, Sololá, obra que ya estaba concluida cuando se contrató, ¿será posible que siga impune sin que a los responsables de semejante barbaridad les caiga todo el peso de la ley? í‰sta es tan sólo una de las 904 preguntas que la población se hace, cuando esa fue la cantidad a la que llegaron las irregularidades detectadas durante la auditoría presupuestaria realizada por la Contraloría General de Cuentas, lo que nos hace preguntar ¿a eso se le podrá llamar «transparencia»?
A todos consta que los maestros han sido los que han dado la mayor sonoridad en la protesta popular en el afán de mejorar las instalaciones educativas, porque se les remunere mejor o que los insumos escolares lleguen sin cortapisas a los centros de enseñanza, alegando que fondos sí hay en el gobierno, pero que no se han sabido utilizar, mucho menos fiscalizar para que se utilicen correctamente. ¿Cómo no van a ser justas sus peticiones, cuando nos enteramos que el Instituto de Previsión Militar -IPM- desvió 65 millones de quetzales para indemnizar a efectivos desmovilizados en la compra de vehículos, computadoras y hasta viviendas?
No, definitivamente ¡no hay derecho! Volver a las mismas de los gobiernos precedentes da coraje pero sobre todo decepción, frustración o desencanto al apreciar que se siguen retorciendo las leyes para transferir 16 millones de quetzales para comprar dos helicópteros para la Policía Nacional Civil. Y es que por debajo de los cimientos que sostiene al gobierno de Berger, a todos consta, han pasado durante sus casi cuatro años, muchos millones de quetzales con destino a sostener una campaña publicitaria y propagandística como nunca se habría visto antes para darse tufos de haber sido ¿transparente, honesto y con las manos limpias, parafraseando a aquel presidente que las tenía más sucias que su misma conciencia?
Lo anterior, es la verdadera causa de la apatía, desinterés o indecisión de los electores frente a las elecciones de 2007. Para mí que no hay otra manera de recuperar la confianza perdida en nuestra democracia, que la de entablar procesos judiciales a todo aquel funcionario que habiendo utilizado fondos públicos en publicidad y propaganda falsa y mentirosa se le obligue a devolverlos, demostrándole con hechos contundentes como los mencionados, que lo dicho no sólo fue mentira, sino un engaño al ciudadano, de cuyos bolsillos siguen saliendo los fondos para financiarla. ¿O será correcto decir que se construyeron viviendas que no aparecen por ninguna parte en Panabaj, Santiago Atitlán, Sololá, por ejemplo?