No cabe duda que si el proyecto de ley de inmigración que está ya casi «cocinado» en el Senado estadounidense, llega a cuajar, es decir, lo ratifique la Cámara de Representantes y lo avale el Presidente para que ya se convierta en ley, será una legislación universalmente atípica y sobretodo diferente a la Simpson-Rodino que firmó Reagan en 1986 y legalizó a más de cuatro millones de personas que se encontraban indocumentadas en ese país. Esta nueva ley indudablemente refuerza la percepción del endurecimiento de Estados Unidos a la inmigración, y por ello el inicio de una nueva era en su política migratoria. Esto no solamente porque contiene elementos que demuestran claramente preocupación por el problema del terrorismo, sino porque al mismo tiempo expresa una clara intención política al pretender frenar el crecimiento acelerado de la población hispana de ese país.
Hoy he querido escribir sobre el tema de la legalización de los indocumentados en Estados Unidos, e inevitablemente llega a mi memoria aquella ley migratoria Simpson-Rodino de 1986, que por cierto jamás tuvo elementos tan restrictivos y un monitoreo para cada caso tan exhaustivo, como el que pretende esta nueva ley de inmigración instituir. La Simpson-Rodino, por supuesto, trató de establecer el carácter moral de los solicitantes, pero nunca en la medida y los términos tan difíciles en que ahora se pretende implantar. Por ejemplo, a mí me parece muy responsable y legítimo para la sociedad estadounidense, que esta nueva ley obligue al solicitante a demostrar carencia de antecedentes penales y que lo someta durante el proceso a un control y revisión de su conducta. Pero lo que me parece excesivo, con el nuevo sistema de la visa «Z», es que el período de tiempo para obtener la residencia permanente dure entre 8 a 13 años, y que para solicitarla se tenga que abandonar el país. Otro elemento que resulta ser un verdadero castigo, es ese cobro de 5 mil dólares de multa por persona que se pretende establecer. Ya podemos imaginarnos que en una familia promedio de cinco personas, como lo constituyen actualmente los hogares hispanos promedio de ese país, para un jefe de familia significará una cifra verdaderamente inalcanzable.
Y como si esto fuera poco, este proyecto de ley contempla un sistema de calificación por «puntos», mecanismo que socava los valores morales y familiares de ese país, ya que esta resulta una modalidad que le da preferencia a los conocimientos profesionales y nivel de estudios en lugar de los lazos familiares a la hora de decidir quién podrá inmigrar a Estados Unidos. Analizando lo anterior, resulta evidente que los legisladores de la Unión Americana pretenden afianzar dentro de sus fronteras al mejor recurso humano, pero en desmedro de la reunificación familiar. Hay otros elementos que no permiten optimismo con esta nueva ley, como el Programa de Trabajadores Temporales que al solo aplicar ya inhabilita en el futuro al solicitante para la residencia permanente.
Hoy 4 de junio, el Senado estadounidense está supuesto a reunirse para afinar los últimos detalles y dirimir cualquier discrepancia para ya terminar de articular este proyecto de ley. Yo en lo personal deseo, que si estos requisitos sobreviven a los últimos debates en el Senado, sean desechados cuando ambas Cámaras se reúnan para consensuar la nueva ley migratoria, ya que con esta legislación ese gran país del norte estaría automáticamente refrendando dentro de sus fronteras, un concepto de habitantes de primera y segunda clase. Algo fuera de toda ley y norma internacional de derechos humanos.