¡Que dichosa me siento! Recién terminé mi tratamiento contra el cáncer, tengo una hermosa familia y muchas personas que han externado su preocupación por mi salud. Algo que no logró la amiga de mi vecina que tuvo que suspender su tratamiento al perder el dinero de su herencia, ahorrado en el Banco de Comercio.

Es increí­ble como estos cuentahabientes muchos de ellos jubilados que viví­an de sus intereses, y personas con tratamientos médicos prolongados, además de sufrir daño moral y psicológico ante la pérdida de sus ahorros, deban soportar las declaraciones irrespetuosas del presidente Berger al desvirtuar la legitimación de sus inversiones expresando que se investigará el origen del dinero de los afectados.

Y no bastándole con proteger la huida de los directivos del Banco de Comercio, cubriéndolos con el manto de la impunidad, declara juntamente con las autoridades del Banco de Guatemala que no hay ilegalidad en el artí­culo 77 de la ley de bancos en su primer párrafo, cuando el Congreso de la República declaró que sí­ la hay, pues la misma violenta los derechos y garantí­as de los ciudadanos, expresada en la Constitución de la República.

Y como no va a ser si apoya a que los directivos de un banco suspendido en sus funciones, o que se declare en quiebra, como en este caso, no sea afectado con medidas cautelares, ni procesos judiciales, pero si tiene derecho a cobrar las deudas de préstamos.

Por ello, muy bien hizo el licenciado Bladimir Aguilar Guerra al interponer una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad, acompañado de cientos de estafados «e hizo un especial énfasis en que en este hecho no prevalece el estado de derecho y señaló que el Ministerio Público solicitó que se declarara sin lugar una inconstitucionalidad planteada en el caso de esta entidad bancaria» ( La hora.220507) Como bien hicieron los cuentahabientes que con ataúdes nos recordaron que van 22 personas fallecidas, que confiaron en el sistema bancario y hoy sus familias están totalmente desamparadas, porque las autoridades se niegan a reconocer que no es modernidad el permitir que los banqueros estafen a los ciudadanos honrados. Que lo ocurrido con el Banco de Comercio es un robo anunciado del cual el Ejecutivo conoció previamente. Que Guatemala ratificó la convención de Derechos Humanos y el Pacto de San José y que los guatemaltecos tenemos derecho a ser protegidos en nuestras vidas y bienes por el Estado, al cual el gobierno debe servir.