En la última de las sesiones correspondientes al primer período ordinario del Congreso de la República, el martes 15 de mayo, el pleno aprobó el Decreto Número 29-2007, mediante el cual se pospone la vigencia de dos artículos del Decreto Número 90-2005, que contiene la Ley del Registro Nacional de las Personas, Renap. De hecho lo aprobado por el más alto organismo del Estado de Guatemala, es una acción que enmienda una norma a la que debe aplicársele una reforma integral.
En dicha sesión se produjeron expresiones emanadas por parte del diputado Pablo Duarte, descalificando al matutino Prensa Libre que a su vez originó que en el editorial del miércoles de dicho medio de comunicación social, no sólo se rechazara lo vertido, sino a la vez se cuestionará la calidad del legislador al emitir sus apreciaciones respecto del comportamiento del referido matutino.
En adición, ayer, en otro matutino una columnista centra su atención en «la institución más nefasta de este país». Y al parecer se quiere levantar una ola para acentuar el rechazo hacia dicho organismo.
Quiero tomar como punto de referencia lo anterior para señalar que el Organismo Legislativo en tanto es el Organismo de la representación del Pueblo, no puede ser calificado como «la institución más nefasta». Otra cosa es que se cuestione y se señale a tal o cual diputado que en su investidura como representante del pueblo, tiene un saldo pendiente respecto de sus supuestos representados.
El Congreso de ésta como de cualquier otra nación cuyo régimen es el republicano, es un ente de decisiones colegiadas y de responsabilidades compartidas. Cita la columnista la campaña que de la llamada «depuración» permitió que se desplazara a un conjunto de personas que hasta 1994 fueron los diputados de la legislatura iniciada en 1991, por otros, que personas como ella calificaron de buenas.
Esa campaña que corrió a los diputados de aquel entonces, fijó su atención, como hacen ahora algunos aspirantes a la poltrona presidencial y algunos comentaristas, en la forma y no en el fondo del proceso de elección de los «representantes del Pueblo». Y ahí es en donde lo que más se pronuncian son expresiones hepáticas que fomentan el irrespeto a las instituciones y con ello el deterioro al Estado de Guatemala, que ha sido forjado y cimentado a través de generadores de opinión que se «enfadan» con unos y de paso atropellan la frágil institucionalidad de este país.
El 90-2005, es un decreto que tiene un propósito positivo, pero que lamentablemente es una monstruosidad normativa. Se ha pospuesto su vigencia total y con ello se ha postergado la derogatoria de un conjunto de disposiciones que, caso contrario, habrían de generar múltiples problemas a los guatemaltecos. A pesar de todo entonces, prevaleció una parte del sentido común.
El llamado sistema político guatemalteco está en crisis. Derivado de ello, el régimen de legalidad también lo está. Es necesario concentrar nuestra atención, en el marco de este proceso electoral caracterizado por la inocuidad del discurso político, y demandar planteamientos de fondo respecto de la reestructuración del Estado. Es necesario que demos un cambio cualitativo y que no nos concentremos en tan solo en el aspecto numérico de la potestad representativa. Por último, no son en sí, las instituciones las malas, son las personas que las dirigen. Ese proceso de elección o selección, según sea el caso, es el que hay que enmendar. El Renap es un buen ejemplo de cómo no sólo de intenciones debe quedar plasmado nuestro quehacer dentro y fuera del Estado.